La libertad de prensa en Bolivia es de color naranja oscuro, con 150 vulneraciones, de las cuales, 42 son agresiones

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 Sumando Voces
 Yenny Escalante, Mery Vaca

Este 3 de mayo se recuerda en todo el mundo el día de la libertad de prensa. Según Reporteros sin Fronteras (RSF), el mundo entero atraviesa este 2025 por el peor momento en esta temática, y Bolivia, como viene ocurriendo en los últimos años, se encuentra en la zona naranja oscura, en el puesto 93 de 180 países. Luego se encuentra la zona roja, donde están situados los países sin libertad de prensa.

Si bien el país avanzó 23 puestos en comparación al año anterior, cuando ocupaba el sitial 124, las amenazas sobre este derecho se mantienen.

El Informe sobre libertades Fundamentales e institucionalidad democrática de UNITAS indica que en 2024 se registraron 150 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia, de las cuales, 42 son casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra periodistas y 30 son hechos de impedimento de acceso a la información pública. Esas son las dos categorías con mayor cantidad de registros, pero hay otras más.

El mapa de la libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras fue presentado este viernes, mientras que el Informe de las libertades fundamentales fue difundido la semana pasada en La Paz.

Periodistas consultados por este medio consideran que la libertad de prensa en Bolivia no atraviesa por un buen momento. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, alerta sobre un panorama adverso, marcado por una “sistemática vulneración” de derechos fundamentales; mientras que la periodista y editora de Connectas, Fabiola Chambi, repara en que el 2024 fue particularmente violento para el ejercicio del periodismo en Bolivia. A ellos se suma el periodista de investigación, Daniel Rivera, quien cuenta lo difícil que es acceder a información pública en Bolivia.

Fabiola Chambi recuerda que los 20 días de bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales son identificados como el momento más crítico para el trabajo periodístico.

De hecho, el informe sobre Libertades Fundamentales señala que “en el caso de los grupos de personas particulares se puede citar, como uno de los ejemplos, a aquellos simpatizantes de Evo Morales que se organizaron para bloquear carreteras en el país, en rechazo al proceso legal por estupro en con­tra del líder de los cocaleros (19 registros). Otros casos involucran a choferes (4 registros) o a avasalladores de tierras (3 registros) en el oriente del país, que están entre los actores identificados con mayor cantidad de vulneraciones en contra de la libertad de prensa”.

Chambi fue una de las víctimas durante la cobertura de los bloqueos en Cochabamba. “Uno presentaba su credencial y tenía como esa posibilidad de apertura, porque es de la prensa. Lo que ha ocurrido en este caso específico del conflicto con los bloqueos es que prácticamente esa credencial se pisoteó y no valió absolutamente nada (…) De hecho, ha sido tal el nivel de violencia que incluso colegas periodistas fueron amenazadas con ser quemadas vivas», relató.

Además de la violencia física y verbal, Chambi destaca un elemento persistente: la impunidad. “¿Qué pasó? ¿Quién actuó respecto a este suceso? (…) Si se hace una denuncia, si el Estado, las fuerzas del orden son conscientes de este tipo de hechos y no actúan, en cierto nivel también hay complicidad de estos actores porque no están cumpliendo con su deber”, dijo. Agregó que incluso la Policía dejó abandonados a periodistas en medio de los enfrentamientos, por lo que ahora hay un desencanto con los sistemas de justicia.

Sin acceso a la información

Daniel Rivera, periodista del medio digital Acceso Investigativo, afirma que “el Gobierno actual y los anteriores, cada vez más, han ido restringiendo el acceso a la información”. En su criterio, esta vulneración no se limita a las agresiones visibles contra los periodistas, sino que se expresa también en formas más silenciosas: el bloqueo o la vulneración del derecho del acceso a la información. Aclara que si esto tiene un impacto directo sobre la libertad de prensa.

Uno de los ejemplos más preocupantes que vivió fue con el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), cuando su equipo solicitó información sobre pasivos ambientales. “Nos querían cobrar alrededor de $10.000 por entregarnos esa información”, denunció Rivera. Para él, esto constituye “un acto de censura previa”, más aún tratándose de datos sobre contaminación que podría estar afectando a comunidades enteras.

Pese a la intervención de la Defensoría del Pueblo, Rivera cuenta que solo lograron “revisar estas coordenadas” en una biblioteca, pero no les permitieron “sacar copias o sacar fotos de esa documentación”. Pero, para él, la persistencia es clave: “Esa es la labor periodística: hacer que esta información sea accesible para toda la población y en base a ello se pueda tomar decisiones”.

En cuanto al acceso a la información pública, Bolivia sigue sin contar con una ley específica, pese a que existe un proyecto consensuado con la sociedad civil que ya fue aprobado en el Senado. Alanes remarcó que este vacío legal impide ejercer derechos ciudadanos básicos como la fiscalización al poder y el control democrático. “Es un derecho fundamental que no solo involucra a los periodistas, sino a toda la ciudadanía”, advirtió, recordando que existe una sentencia de la Corte IDH que obliga al Estado boliviano a garantizar este acceso.

Precariedad y crisis

La situación laboral de los periodistas también es alarmante. Ocho de cada diez trabajadores del sector enfrentan precariedad, con sueldos impagos, falta de acceso a salud y sin protección laboral. “Ni siquiera perciben el salario mínimo nacional”, indicó Alanes, lo que empuja a muchos a abandonar el periodismo o a buscar ingresos alternativos. Esta precarización afecta directamente la calidad informativa, ya que “si un periodista no puede dedicarse de lleno a su trabajo, es evidente que se resiente el ejercicio profesional”, señala la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

La situación de precariedad de los periodistas está asociada a la crisis económica que enfrentan los medios bolivianos, un problema que se presenta en todo el mundo, aunque acentuado en el país por el contexto político.

Reporteros sin Fronteras, durante la presentación de su mapa sobre la libertad de prensa en el mundo, señaló que se vive el peor momento en el mundo, debido a la crisis de los medios de comunicación.

“Garantizar un espacio mediático plural, libre e independiente requiere condiciones económicas estables y transparentes. Sin independencia financiera, no hay prensa libre. Cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia, a costa de la calidad, y pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos que los instrumentalizan”, señaló Anne Bocandé, directora editorial de Reporteros sin Fronteras.

En el caso de Bolivia, hay medios que están cerrando, cambiando de propietario y reduciendo sus plantillas. Este proceso ha dejado a centenares de periodistas son salarios, finiquitos y seguros impagos. Entre los medios que dejaron a sus periodistas impagos están Página Siete, Los Tiempos, Opinión, ATB, PAT, entre otros.

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