El ministro de Gobierno dijo ante el Senado que se activó acciones internas y judiciales tras el operativo que dejó dos fallecidos en diciembre. El caso se analiza en tres procesos que continúan en etapa investigativa.
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este miércoles que, tras el operativo policial realizado en diciembre en el vertedero de Colcapirhua, Cochabamba, se iniciaron investigaciones tanto en el ámbito disciplinario como en el penal, las cuales aún están en curso.
"Se ha iniciado una investigación disciplinaria por la presunta comisión de delitos graves (...) que se encuentra en fase de investigación a cargo del tribunal disciplinario de la policía", dijo la autoridad durante su comparecencia ante la Cámara de Senadores.
También señaló que la propia institución policial presentó una denuncia ante el Ministerio Público. «El caso se encuentra en fase de investigación y de oficio (...) existen tres procesos vinculados: uno de carácter administrativo y dos procesos penales, todos en desarrollo», detalló.
Oviedo compareció ante la Cámara Alta tras una solicitud de informe oral para explicar el alcance de la operación llevada a cabo el 8 de diciembre de 2025, que dejó dos muertos y varios heridos después de más de diez días de conflicto en el vertedero de Colcapirhua.
Durante su presentación, el ministro sostuvo que la intervención policial respondía a una solicitud expresa del gobierno municipal y a las disposiciones judiciales vigentes. «La Policía boliviana (...) se limitó a cumplir con la solicitud de la autoridad municipal y la autoridad judicial», afirmó, señalando que la acción buscaba restablecer el orden ante los conflictos por la disposición de los desechos en el vertedero de Cotapachi.
Según el informe, la operación se desarrolló en un contexto de tensión, en el que los agentes de policía habrían sido atacados por grupos movilizados, lo que provocó el uso de la fuerza y el consiguiente desenlace fatal.
En la sesión, los legisladores plantearon diversas preguntas sobre el despliegue policial y la gestión de conflictos, en un diálogo que incluyó fases de respuesta y reacción. Tras la exposición, el Presidente del Senado, Diego Ávila, habilitó una sala intermedia y dio paso a un diálogo entre los parlamentarios.
El ministro también reconoció las limitaciones estructurales de la Policía boliviana, señalando que la institución cuenta con unos 40.000 miembros y se encuentra en un proceso de reestructuración basado en criterios de mérito.
Además, Oviedo reveló que durante su gestión recibió presiones externas para influir en el nombramiento de autoridades policiales, aunque aseguró que no accedió a dichas peticiones. «He tenido que afrontar una serie de presiones (...) pero no hemos cedido», afirmó.
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