La fiscalía imputó a Franklin Flores –detenido por otro caso–, tras constatar que la obra presenta solo un 60 % de avance pese a que en la anterior gestión de gobierno se reportó avance de más del 90 %.
Brújula Digital|24|02|26|
El Ministerio Público formalizó la imputación contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por presuntas irregularidades en la ejecución de una planta piscícola construida a orillas del lago Titicaca, cuya inversión supera los 74 millones de bolivianos.
El fiscal Johan Muñoz informó que, tras activar la investigación, una comisión se trasladó hasta el lugar de emplazamiento de la obra, donde se verificó que la infraestructura no se encuentra operativa y registra solo un 60 % de avance físico. Una revisión a archivos de prensa, revela que en agosto de 2024, el gobierno de Luis Arce reportó que esta industria ya tenía "más de 90 % de avance".
Según la fiscalía, pese a la millonaria erogación económica, la planta no cuenta con peces ni con la maquinaria necesaria para la crianza y comercialización, lo que impide su funcionamiento. También llamó la atención que se hubiera adquirido alimento para peces sin que exista producción activa, lo que podría constituir un daño económico al Estado. “La obra debía concluirse en 2023 y no está cumpliendo la finalidad para la que fue creada”, señaló Muñoz, quien calificó el proyecto como un “elefante blanco”, al no haber generado los resultados esperados por el gobierno.
De acuerdo con la imputación, Flores es investigado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público solicitó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, considerando antecedentes y elementos colectados durante la investigación.
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se reunieron al menos ocho elementos de convicción, entre ellos la minuta de contrato entre Emapa y una asociación accidental, dos contratos modificatorios y declaraciones testificales. En una de estas declaraciones se menciona un presunto pago irregular de 80.000 bolivianos al representante legal de la supervisión de la obra.
La denuncia fue presentada el 1 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado. Además de Flores, otras cinco personas –entre exfuncionarios y responsables de la contratación y fiscalización– serán citadas a declarar en el marco del proceso.
Muñoz no descartó ampliar la investigación a otros servidores públicos, incluido el fiscal de obra, así como a la empresa constructora encargada del proyecto. Mientras tanto, el predio es custodiado por nueve personas contratadas para su resguardo, pese a que la planta no opera.
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