El caso se remonta a 2022 y está relacionado con la adquisición de tuberías para los sectores de Valles de las Flores y Callapa que no cumplían las especificaciones técnicas. Se calcula un daño económico de Bs 14 millones.
Brújula Digital|12|02|26|
El exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) Bladimir Iraizos fue aprehendido por un proceso vinculado a la compra de tuberías chinas que presuntamente no cumplían con especificaciones técnicas, informó este jueves el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz Henry Pinto.
“Actualmente ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. Lo que está investigando es conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Supuestamente, porque se habrían comprado tuberías que no cumplen las especificaciones técnicas”, dijo Pinto.
El interventor de Epsas Edgar Landívar explicó que el caso se remonta a 2022 y está relacionado con la adquisición de tuberías para los sectores de Valles de las Flores y Callapa.
“Este proceso estaba parado hace aproximadamente dos años, no había sido movido por los anteriores interventores. Es un ciudadano boliviano que tendría este proceso. Este proceso data del año 2022”.
Agregó que el daño económico al Estado asciende a 14 millones de bolivianos y que el objetivo es lograr la restitución de ese monto.
“Nosotros, como Epsas, lo primero que queremos es que nos restituya el daño económico al Estado. Para eso debe seguir un proceso judicial”, sostuvo.
Finalmente, la autoridad aseguró que la actual administración mantiene una línea de tolerancia cero frente a hechos de corrupción.
Antecedentes de Bladimir Iraizos
En 2023, Iraizos fue suspendido de sus funciones en medio de denuncias por presuntos hechos de corrupción. El entonces interventor intentó sobornar al mallku de Hampaturi con 20.000 bolivianos para evitar que comunarios solicitaran su renuncia.
Ese mismo año también fue investigado tras la difusión de dos audios en los que presuntamente explicaba cómo aplicar trabas administrativas a empresarios en el proceso de pago por servicios, con el fin de exigir montos irregulares.
Según una nota de Página Siete, la extorsión consistía en solicitar pagos de entre 5.000 y 7.000 dólares para reactivar trámites de cancelación a favor de dos empresas.
En 2024, el Ministerio Público lo imputó por la contratación de una abogada que presuntamente no contaba con título en provisión nacional ni matrícula profesional habilitada para ejercer el cargo.
Posteriormente, en 2025, Iraizos enfrentó nuevas acusaciones, esta vez por presunto tráfico de influencias en la contratación de personal que no cumplía con los requisitos para los cargos que ocupaban mientras se desempeñaba como interventor de la empresa de agua.
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