El operativo se realizó en el marco de una investigación internacional tras el decomiso de un cargamento de droga en el puerto de Arica.
Brújula Digital|04|02|26|
La policía y el Ministerio Público allanaron este miércoles las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como parte de una investigación por narcotráfico relacionada con un cargamento de madera contaminado con droga que fue detectado en Chile.
El fiscal coordinador de Sustancias Controladas Julio Porras informó que el operativo permitió recolectar documentación vinculada a una empresa privada que habría participado en la exportación del cargamento. “Se ha secuestrado información relacionada con la empresa que estaba exportando madera con destino a Chile”, señaló según un reporte de Unitel.
De acuerdo a los primeros indicios de la investigación, la droga –aproximadamente 700 kilos en bruto– se encontraba impregnada en la madera exportada, lo que permitió evadir controles iniciales. Porras solicitó información complementaria a la entidad estatal para reconstruir el recorrido del envío y determinar responsabilidades. Además, precisó que el caso ya cuenta con una persona detenida, quien habría estado a cargo del proceso de exportación con destino final a España. “Esta persona se encuentra detenida desde el 31 de diciembre de 2025 y el análisis de la documentación continuará”, indicó.
De acuerdo con el Ministerio Público, el cargamento fue movilizado en un camión tráiler, por lo que el conductor ya fue citado a declarar mientras avanzan las investigaciones.
El caso se originó tras una incautación realizada el pasado 23 de diciembre en el puerto de Arica, donde autoridades chilenas detectaron cerca de 700 kilos de cocaína de alta pureza impregnada en casi 20 toneladas de madera proveniente de Bolivia. El hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia y al trabajo de perros especializados.
La operación, denominada “Mercurius”, fue ejecutada de manera conjunta por la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía Marítima y el Ministerio Público chilenos, que identificaron inconsistencias en la documentación del contenedor.
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