Representantes de diversos partidos exigen acelerar los procesos judiciales en torno a la denuncia de un millonario desfalco en la entidad estatal.
Brújula Digital|30|01|26|
Legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en exigir una investigación exhaustiva y el avance inmediato de los procesos judiciales en torno a la denuncia presentada contra la expresidenta de la Aduana Nacional Karina Serrudo por un presunto daño económico al Estado superior a 10 millones de bolivianos, vinculado a la construcción del edificio institucional en la ciudad de Tarija.
La diputada del PDC Claudia Bilbao cuestionó la lentitud del sistema judicial y anunció la elaboración de una iniciativa legislativa para evitar que los investigados evadan la justicia. “Estoy haciendo un proyecto de ley para ampliar seis meses más el arraigo (de exautoridades), porque la justicia está paralizada, los fiscales no avanzan y muchos procesos se están cayendo”, afirmó, y recordó que existen centenares de procesos pendientes vinculados a la Aduana Nacional. “Tenemos más de 400 procesos por la aduana y nadie dice nada porque la justicia no está haciendo su trabajo. Hoy pedimos que se aceleren los procesos”, sostuvo.
Desde Libre, el diputado Edgar Zegarra lanzó duras críticas contra la administración pasada y demandó una depuración total de la institución. “¿Qué institución que manejó el MAS está limpia? Donde tocamos sale pus, y más en la aduana, que fue una institución (usada) para llenar los bolsillos de los masistas", dijo y remarcó que la investigación debe alcanzar a todos los niveles. “Se debe hacer una investigación total. Criticamos al MAS y aún hay gente del MAS ocupando cargos importantes, y esa es una contradicción total si queremos erradicar todo lo que existió en el anterior sistema”, enfatizó.
Por su parte, la diputada de Alianza Popular Claudia Herbas señaló que los hechos denunciados deben ser esclarecidos sin excepciones. “Todos los actos de corrupción en la administración pública del Estado se deben investigar. Las personas que tienen responsabilidad deben presentarse ante la ley y ser juzgadas”, manifestó.
La denuncia fue confirmada por el viceministro de Transparencia Marcelo Yamil García quien informó el pasado jueves que Karina Serrudo fue acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “La afectación preliminar estimada supera los 10 millones de bolivianos”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.
García explicó que el caso se estructura en dos ejes: la adquisición del terreno y la ejecución del proyecto de construcción. Detalló que, pese a existir una oferta de menor costo, la aduana adjudicó la compra a la propuesta más cara, además de que el inmueble no cumplía con las condiciones técnicas ni legales. En cuanto a la obra, señaló que se aprobó un costo cercano a los 1.000 dólares por metro cuadrado, cuando el precio referencial ronda los 300 dólares. “El sobreprecio denunciado supera los 9 millones de bolivianos”, afirmó.
El Ministerio Público admitió la denuncia e inició la investigación en la ciudad de Tarija, que también alcanza a representantes legales de la empresa vendedora del terreno y de la constructora. Según García, estos hechos reflejan “una dinámica sistemática que ha dañado la credibilidad de la ciudadanía en el Estado” durante la anterior administración de la Aduana Nacional.
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