Una senadora de APB Súmate pidió al Ministerio de Gobierno que extreme medidas para detener a Morales. El Ejecutivo descarta operativos y afirma que su prioridad es la lucha contra el narcotráfico.
Brújula Digital|21|01|26|
La senadora Claudia Mallón, jefa de bancada de la alianza APB Súmate, solicitó de manera formal al Ministerio de Gobierno que se ofrezca una recompensa de $us 100.000 a quienes brinden información veraz y eficaz que permita la captura del expresidente Evo Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión.
Mallón explicó que el pedido fue presentado mediante un requerimiento oficial y dentro de los canales institucionales correspondientes, en el marco de un proceso penal abierto desde 2023 por el presunto delito de trata y tráfico de personas, vinculado a menores de edad.
“Solicitamos de manera formal al actual ministro de Gobierno que pueda proceder a ofrecer una recompensa de $us 100.000 para aquel que nos dé referencias del paradero del prófugo de la justicia Evo Morales”, declaró la legisladora, y recordó que la figura de la recompensa ya fue aplicada anteriormente por el Estado boliviano, como ocurrió en 2023 durante la búsqueda del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, investigado por delitos de narcotráfico. En ese sentido, sostuvo que el expresidente no puede gozar de privilegios pese a su condición de exmandatario.
“Tenemos un antecedente claro. Evo Morales es un expresidente que no puede estar por encima de la ley. Existe una orden de aprehensión en su contra y hay personas que conocen su paradero”, afirmó, al señalar también que su solicitud fue realizada de manera respetuosa y dentro de la formalidad institucional.
¿Qué dice el gobierno?
Al margen de la propuesta de Mallón, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, negó de forma categórica que exista algún plan o investigación orientada a la aprehensión de Evo Morales. La autoridad calificó estas versiones como infundadas y carentes de sustento. “No tiene ni pies ni cabeza ese plan. No existe ninguna investigación ni ningún tema que se esté siguiendo en ese sentido”, afirmó, al ser consultado sobre presuntos operativos dirigidos contra el exmandatario.
Justiniano remarcó que los planes vinculados a la seguridad del Estado no se hacen públicos ni se difunden a través de los medios de comunicación, debido a su carácter confidencial. “Si hubiera un plan de seguridad, no se ventila ni se da a conocer de esa manera”, recalcó. Asimismo, sostuvo que no existe motivo para el nerviosismo generado por estas versiones y enfatizó que la misión del Gobierno nacional está centrada en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la ciudadanía.
“La vigilancia y los controles que se realizan en distintas zonas del país, incluido el trópico de Cochabamba, responden exclusivamente a la necesidad de proteger a los ciudadanos del narcotráfico”, explicó.
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