La situación jurídica de ambas exautoridades del gobierno de Luis Arce, imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, fue resuelta en una audiencia que se extendió hasta las 05:30 de este domingo.
Brújula Digital|18|01|26|
El Juzgado 11 de Instrucción Penal de La Paz determinó cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural Néstor Huanca Chura y domiciliaria para Zenón Mamani Ticona, quien también ejerció ese cargo.
La situación jurídica de ambas exautoridades del gobierno de Luis Arce se definió en una audiencia que comenzó el sábado después de las 15:30 y concluyó a las 05:30 de este domingo.
Los exministros enfrentan imputaciones por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el denominado caso de la harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Huanca Chura deberá cumplir la detención preventiva en el penal de Patacamaya. La audiencia de revisión de su situación jurídica fue fijada para el 18 de mayo, a las 11:00.
Mamani Ticona recibió medidas sustitutivas que además de la detención domiciliaria incluyen arraigo, el pago de una fianza de 50.000 bolivianos y la obligación de presentarse ante instancias judiciales dos veces al mes.
Las exautoridades permanecían aprehendidas desde el jueves, tras prestar su declaración ante la Fiscalía. Ese día fueron trasladadas a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Antecedentes del caso
Néstor Huanca ejerció el cargo desde 2020 hasta febrero de 2025. De acuerdo con la Fiscalía, durante ese periodo se suscribieron varios contratos que ocasionaron daño económico al Estado entre el ahora exdirigente de los panificadores, Rubén Ríos, y el entonces gerente de Emapa, Franklin Flores, ambos con detención preventiva en el penal de San Pedro.
Zenón Mamani asumió el cargo desde febrero hasta noviembre de 2025. Según el Ministerio Público, mantuvo una posición pasiva frente a las irregularidades que ya se encontraban identificadas.
El caso de la harina subvencionada se relaciona con la compra con sobreprecio que realizaba Emapa a distintas personas, entre ellas el exdirigente Ríos. De acuerdo con el gerente de la estatal, Sergio Siles, se presume un daño económico al Estado de 6,6 millones de bolivianos.
BD/JA
