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Seguridad | 17/01/2026   09:43

Audiencia de medidas cautelares contra exministros Huanca y Mamani se realiza este sábado

Las exautoridades están imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en torno al caso de la harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Néstor Huanca entrega el despacho a Zenón Mamani en febrero del año pasado. Foto: ABI
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Brújula Digital|17|01|26|

La audiencia de medidas cautelares contra los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural Néstor Huanca y Zenón Mamani se realizará este sábado. La Fiscalía solicitará la detención preventiva.

El Ministerio Público imputó a ambas exautoridades por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el marco de las investigaciones por la presunta irregularidad en la provisión de harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Huanca y Mamani prestaron su declaración informativa el jueves, en horarios distintos, ante la Fiscalía. Tras ese procedimiento, ambos fueron aprehendidos y trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

El fiscal Ronald Jurado informó este viernes que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Emapa presentaron los elementos de prueba necesarios para sustentar los procesos penales y el pedido de detención preventiva contra las exautoridades.

Jurado explicó que Huanca ejerció el cargo desde 2020 hasta febrero de 2025, periodo en el que se firmaron contratos entre el dirigente del sector panificador, Rubén Ríos, y el entonces gerente de Emapa, Franklin Flores, ambos con detención preventiva en el penal de San Pedro.

Según el Gobierno y la Fiscalía, esos acuerdos provocaron daño económico al Estado.

Mamani ocupó el cargo de ministro entre febrero y noviembre de 2025 y, de acuerdo con la investigación, asumió una posición pasiva frente a las irregularidades que ya se encontraban identificadas.

Este viernes, el gerente de Emapa, Sergio Siles, informó que se presume un daño económico al Estado de 6,6 millones de bolivianos, como resultado de irregularidades en la administración de la harina subvencionada.

BD/JA



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