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Un sondeo de opinión realizado por Brújula Digital a través de sus redes sociales, muestra una amplia percepción ciudadana de que el gobierno actúa con lentitud en el caso del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, procesado por presuntos hechos de corrupción y actualmente fuera del país.
En Facebook el 87,5 % de los participantes considera que la actuación gubernamental es lenta, frente a un 12,5 % que opina lo contrario. En Twitter, la percepción es similar e incluso más marcada: el 90 % respondió afirmativamente, mientras que solo el 10 % cree que no existe demora en las acciones oficiales.
En este contexto, el diputado Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, volvió a exhortar al gobierno nacional a acelerar las gestiones para lograr el retorno de Dorgathen a Bolivia. El legislador sostuvo que corresponde activar mecanismos inmediatos para su expulsión, al considerar que el exejecutivo de YPFB vulneró la Ley 1352 sobre arraigo al no permanecer en el país durante los 90 días posteriores a la presentación de su renuncia.
Alarcón también citó la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra la Corrupción, señalando que esta norma obliga a las máximas autoridades de la entidad afectada y a la Procuraduría General del Estado a constituirse como parte querellante. A su juicio, la omisión de estas acciones podría derivar en responsabilidades por incumplimiento de deberes. El parlamentario remarcó que, así como la Procuraduría intervino en otros casos emblemáticos, debería actuar con mayor celeridad en el denominado caso Botrading. En ese marco, consideró que existen argumentos suficientes para que la Cancillería gestione la expulsión de Dorgathen desde el país donde se encuentre, en lugar de iniciar un proceso de extradición que podría extenderse por meses o incluso años.
A inicios de diciembre, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el expresidente de YPFB se dio a la fuga y que, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, habría salido de Bolivia de manera irregular con destino a Brasil, tras haber sido beneficiado con una decisión judicial en Santa Cruz.
Armin Dorgathen enfrenta varias denuncias y procesos en curso. De manera formal, se encuentra imputado por un presunto caso de contrabando y exportación irregular de gas, radicado en Yacuiba, además de otras causas abiertas vinculadas al caso Botrading. Los resultados del sondeo reflejan una creciente presión ciudadana para que las autoridades aceleren las acciones en torno a este proceso.
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