La fiscal de Legitimación de Ganancias Ilícitas, María René Delgado, explicó que el Ministerio Público actuó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Tercero de la ciudad de La Paz.
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La Fiscalía rechazó que los $us 820.000 incautados dentro del proceso por legitimación de ganancias ilícitas contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo hayan desaparecido o que se los haya devuleto, y aseguró que se encuentran bajo resguardo legal en la Dirección de Control y Registro de Bienes Incautados (Dircabi), conforme a una resolución judicial.
La fiscal de Legitimación de Ganancias Ilícitas, María René Delgado, explicó que el Ministerio Público actuó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Tercero de la ciudad de La Paz, con fecha 21 de octubre de 2021. “Se procedió al secuestro e incautación de dineros que fueron secuestrados en la investigación, siendo un total de $us 820.000, de acuerdo a la resolución judicial emitida por el juzgado”, precisó y aclaró que la Fiscalía no administra ni retiene recursos económicos durante las investigaciones. “Se tiene que aclarar que el Ministerio Público no retiene ningún dinero en el marco de las investigaciones, sino que estos dineros son remitidos a la instancia correspondiente”, sostuvo, al remarcar que los fondos fueron entregados a Dircabi para su custodia.
Delgado fue enfática al desmentir cualquier devolución de los recursos. “Nunca se devolvó estos dineros; fueron depositados en Dircabi y esta instancia va a retener este dinero hasta que este proceso, que está en juicio oral, concluya”, afirmó. Una vez iniciada la investigación, la empresa de la cual Arturo Murillo era socio realizó la entrega de los montos observados, tras lo cual el Ministerio Público solicitó formalmente la incautación de los recursos como parte del proceso penal.
La representante del Ministerio Público informó además que el caso por legitimación de ganancias ilícitas se encuentra con acusación fiscal y que, tras la conclusión de la vacación judicial, el Tribunal de Sentencia Nº 6 deberá fijar fecha para el inicio del juicio oral. “Se está pidiendo la pena máxima de 10 años de prisión por el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, indicó.
Las aclaraciones de la Fiscalía surgen luego de que la defensa de Arturo Murillo denunciara una presunta desaparición del dinero e cuestionara la cadena de custodia, a partir de la exhibición pública de los recursos en 2021.
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