El especialista en derechos humanos cree que la aprehensión del exmandatario reproduce métodos irregulares del pasado. "Que no coincidamos ideológicamente con una persona no significa que debamos aprobar un hecho incorrecto”, sostiene.
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La aprehensión del expresidente Luis Arce fue cuestionada por el abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, quien sostuvo que el hecho constituye un “secuestro” y refleja la persistencia de prácticas arbitrarias en el sistema judicial bajo el nuevo gobierno de Rodrigo Paz.
Según declaró el también activista a ANF, la forma en la que se ejecutó la detención evidencia la continuidad de mecanismos que ya fueron observados y criticados en anteriores gestiones, los cuales —afirmó— afectan garantías básicas como el debido proceso y refuerzan un escenario de persecución política.
Albarracín explicó que la aprehensión de Arce se habría realizado sin notificación previa y bajo procedimientos similares a los utilizados en otros casos polémicos. “Estamos viendo la réplica de un método que consiste en aprehender sin notificar, en vehículos particulares o con gente encapuchada”, señaló a la referida agencia, y recordó que este tipo de acciones ya se aplicaron contra otros dirigentes, como César Apaza.
Desde una posición que definió como "coherente", tanto en lo ideológico como en lo jurídico, el jurista remarcó que el calificativo de “secuestro” debe aplicarse de manera uniforme. Indicó que, si ese término fue utilizado en su momento para los casos de Apaza y del exgobernador Luis Fernando Camacho, la detención de Luis Arce no puede ser tratada de manera distinta. “Que no coincidamos ideológicamente con una persona no significa que debamos aprobar un hecho incorrecto”, enfatizó el abogado, al insistir en que los principios del debido proceso deben respetarse sin distinciones políticas.
Albarracín precisó que se configura un secuestro cuando una persona es privada de su libertad sin aviso previo, sin la posibilidad de defenderse en libertad y es forzada a subir a un vehículo particular. “Eso es un secuestro aquí y en cualquier lugar donde se respete el debido proceso”, afirmó.
Finalmente, advirtió que minimizar o relativizar este tipo de hechos tiene consecuencias graves para el sistema democrático. A su juicio, quienes rechazan esa calificación terminan avalando prácticas que durante años fueron denunciadas como abusivas y propias de regímenes autoritarios. “Esa inconsistencia solo fortalece la continuidad de la persecución política”, concluyó.
BD
