Se impuso estrictas restricciones al funcionario, entre ellas arraigo, escolta policial permanente y prohibición de contacto con testigos, mientras avanza el proceso por presunto enriquecimiento ilícito.
Brújula Digital l15l12l25l
La justicia ordenó la detención domiciliaria del director distrital de Redes de Gas de Chuquisaca, identificado con las iniciales M.A.B., en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por un juez en la ciudad de Sucre.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el imputado deberá cumplir la detención en su domicilio, bajo custodia policial permanente y sin autorización para salir a desempeñar funciones laborales. Además, se le impuso arraigo para evitar su salida del país, la prohibición de ingresar a dependencias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la restricción de comunicarse, de manera directa o indirecta, con testigos del caso.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante la audiencia se logró demostrar la probabilidad de autoría del delito y la existencia de riesgos procesales, entre ellos un peligro efectivo para la sociedad. Por esta razón, aunque la Fiscalía solicitó detención preventiva, la autoridad judicial optó por una medida sustitutiva con severas limitaciones.
M.A.B. fue aprehendido el pasado viernes y trasladado a celdas policiales, para luego ser conducido a audiencia cautelar el domingo. Previamente, una comisión de fiscales y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó un registro en las oficinas de Redes de Gas en Sucre, como parte de las diligencias iniciadas tras una denuncia presentada por funcionarios de YPFB. Según los antecedentes del caso, la denuncia señala que el funcionario habría registrado un incremento considerable de su patrimonio que no guarda relación con sus ingresos formales. En su declaración jurada presentada al asumir el cargo en 2024, el investigado consignó un solo inmueble; sin embargo, la querella establece que tendría al menos cuatro bienes inmuebles y varias cuentas bancarias con montos significativos.
Los reportes señalan la existencia de una cuenta en el Banco Unión con 181.000 bolivianos, además de depósitos en el Banco Mercantil por 51.000 bolivianos y en el Banco FIE por 91.000 bolivianos, sumando más de 328.000 bolivianos cuyo origen no habría sido justificado.
El fiscal de materia asignado al caso, Javier Gorena, explicó que durante los operativos el investigado no fue hallado en su oficina en horario laboral, situación que derivó en la activación de una alerta migratoria. Asimismo, indicó que los movimientos bancarios detectados no coinciden con los ingresos declarados por el funcionario.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público notificó a cinco personas vinculadas a la institución para que presten su declaración informativa. Las indagaciones continuarán, según la Fiscalía, hasta esclarecer plenamente los hechos y establecer responsabilidades conforme a ley.
BD/LE/MZS
