La viceministra Barrientos lideró el operativo en Santa Cruz. Es el cuarto, tras acciones similares en Emapa, YPFB y el FDI.
Brújula Digital|04|12|25|
El gobierno continúa con las intervenciones de entidades estatales. La tarde de este jueves fue el turno del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz de la Sierra. ¿El móvil?: igual que en otros casos presentados en los últimos días, presuntas irregularidades y corrupción.
“Tenemos filas y filas de documentos que denuncian irregularidades, estamos haciendo la investigación correspondiente”, declaró escuetamente a Unitel la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien encabezó una comisión de intervención que contó también con personal del Ministerio Público.
Barrientos mencionó que entre los principales hechos identificados están presuntas implicaciones en “avasallamientos en tierras particulares y fiscales, no solo en Santa Cruz, sino también en otros departamentos”. La autoridad evitó dar detalles puntuales alegando que eso corresponde a la Fiscalía.
En contacto con DTV, la noche del miércoles, Barrientos había adelantado que se efectuarán acciones concretas en torno a “la revisión de las dotaciones de tierras en el país” proceso que, según garantizó, se realizará “sin distinciones políticas”, en el marco del objetivo del gobierno de “reestablecer la institucionalidad y aplicar la ley por igual”.
La cuarta intervención
Esta acción se da en el contexto de un plan global del Ejecutivo. El miércoles la Fiscalía y la FELCC intervinieron las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) en La Paz, por un caso de presunto incumplimiento de contratos en ocho proyectos productivos que nunca se ejecutaron.
La semana pasada, y a inicios de esta, hubo varios allanamientos a oficinas y plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, donde se indaga presuntas irregularidades en la importación y distribución de combustibles y una contratación irregular de dos empresas destinadas a la provisión de equipos satelitales.
El tercer caso –aunque fue el primero, cronológicamente–, generó una serie de acciones contra una red de desfalco en torno a la subvención de harina para el pan de batalla, desde la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
BD/MZS
