Hubo un operativo en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada. El dirigente se acogió al derecho al silencio.
Brújula Digital|02|11|25|
La Fiscalía de La Paz encontró documentación vinculada a Emapa, un vehículo en desuso y una caja fuerte durante el allanamiento realizado este martes en un galpón en El Alto que pertenecería al dirigente panificador Rubén Ríos. El operativo se ejecutó en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada.
El fiscal anticorrupción, Ronald Jurado, informó que el inmueble intervenido pertenece presuntamente a Ríos, uno de los principales investigados en el caso. “Se halló documentación que corresponde a Emapa cuando era agendada por el señor Ríos. También se encontró un motorizado en desuso y una caja fuerte”, indicó. Agregó que en el lugar hay dependencias que funcionaban como oficina, aunque no se encontró mercadería relacionada con Emapa.
La intervención, a cargo de personal del Ministerio Público y de la Policía, incluyendo a efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), tuvo el objetivo de reunir evidencia de un presunto esquema de acopio irregular de harina subvencionada.
Rubén Ríos, aprehendido el lunes, está acusado de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y de haberse beneficiado, junto a presuntos miembros de un “clan familiar”, de la distribución de insumos subvencioados que debieron ser destinados a los panificadores. La investigación señala además la existencia de movimientos económicos irregulares en sus cuentas bancarias. Pese a estos indicios, durante su declaración ante la Fiscalía, Ríos decidió acogerse al derecho de guardar silencio. La autoridad anticorrupción, Omar Quisberth, confirmó que se elabora una segunda imputación en su contra. “Se investigan montos económicos inusuales y un posible aprovechamiento irregular de la harina subvencionada”, afirmó.
Horas antes, el ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, informó que el Estado inició un proceso contra Ríos por un presunto daño económico de al menos Bs 5 millones, por irregularidades en la subvención de harina.
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