La Policía acudió a la vivienda del imputado y no lo encontró. Ya se activó un operativo de búsqueda.
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El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, tiene una orden de aprehensión en su contra y tras dos operativos policiales consecutivos, no fue hallado en su domicilio.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Walter Sossa, informó que los efectivos se presentaron el miércoles a las 17:30 en la vivienda del exfuncionario, donde su esposa aseguró que había salido a realizar diligencias judiciales. Horas después, a las 21:00, en una segunda visita, tampoco fue hallado. “Al no ser ubicado en su domicilio, el fiscal del caso ha requerido un mandamiento de aprehensión”, explicó Sossa, quien añadió que ya se activó una alerta migratoria.
Fuentes vinculadas al caso informaron que Flores no respondió a los llamados y que finalmente se dejó en la vivienda una notificación por cedulón. El exfuncionario cumple detención domiciliaria en el marco de la investigación por presunta corrupción en la compra y distribución de harina subvencionada. Además, enfrenta un proceso paralelo por movimientos financieros irregulares detectados en sus cuentas bancarias.
El caso se inició tras una denuncia del Viceministerio de Transparencia sobre presuntas irregularidades en dos convenios firmados entre Emapa —entonces dirigida por Flores— y la Confederación Nacional de Panaderos de Bolivia (Conapabol), representada por Rubén Ríos.
De acuerdo con el fiscal departamental, Omar Quisbert, estos acuerdos presentan una serie de incumplimientos, como la falta de certificados sanitarios y de producción, la ausencia del registro en el Sicoes y variaciones de precios sin sustento técnico ni legal. Quisbert informó que cinco personas están siendo investigadas por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Tanto Flores como Ríos fueron citados a declarar la próxima semana.
La denuncia también señala un posible daño económico de 6,2 millones de bolivianos, cifra que aún debe ser verificada mediante auditorías y revisión documental. “El Ministerio Público continuará ampliando las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino de los recursos comprometidos”, afirmó el fiscal.
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