Deberán explicar los convenios irregulares que habrían causado un daño económico de Bs 6,2 millones.
Brújula digital|26|11|25|
El fiscal departamental, Omar Quisbert, informó este miércoles que cinco personas están siendo investigadas por presuntas irregularidades en la compra de harina en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), un caso denunciado por el Viceministerio de Transparencia. Entre los involucrados se encuentran el exgerente de la estatal, Franklin Flores, y el líder de los panificadores, Rubén Ríos.
Según Quisbert, serán procesados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y contratos lesivos para el Estado. "El Ministerio Público tomó conocimiento de la denuncia presentada ante el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción e inició las investigaciones correspondientes", afirmó.
La investigación preliminar identificó la existencia de dos convenios suscritos entre Emapa -a través del exgerente Franklin Flores- y la Confederación Nacional de Panaderos de Bolivia (Conapabol), representada por Rubén Ríos. Según la denuncia de Transparencia, ambos convenios presentan graves irregularidades, entre ellas la falta de certificados de Senasag, la inexistencia del certificado Pro Bolivia; que el convenio no fue publicado en el Sicoes, incumpliendo la normativa básica; y variaciones de precios sin justificación técnica ni legal.
“Estos requisitos debieron cumplirse antes de la firma del acuerdo; sin embargo, fueron ignorados, generándose observaciones que ahora forman parte de la investigación”, explicó el fiscal, y agrego que ya se emitió las citaciones formales a todos los investigados, quienes deberán presentarse a declarar en las instalaciones del Ministerio Público en los próximos días. “Los señores Franklin Flores y Rubén Ríos tienen programada su declaración informativa la próxima semana”, confirmó sin especificar el día ni la hora exacta.
La denuncia también advierte sobre la existencia de un posible perjuicio económico de Bs 6,2 millones, derivado de los acuerdos y su ejecución. Esta cantidad aún está sujeta a verificación documental y auditorías adicionales. “El Ministerio Público continuará ampliando las investigaciones hasta establecer responsabilidades penales y determinar el destino de los recursos comprometidos”, afirmó Quisbert.
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