La medida judicial responde a una investigación que lo acusa por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y financiamiento a grupos considerados “terroristas”.
Brújula Digital|17|11|25|
Reportan que un juez emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Obras Públicas Édgar Montaño, quien formó parte del gabinete del expresidente Luis Arce desde 2020 hasta el pasado 7 de noviembre. La medida judicial responde a una investigación que lo acusa por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y financiamiento a grupos considerados “terroristas”.
Según varios medios de comunicación, Montaño habría desviado recursos públicos mientras ejercía funciones en el Ministerio de Obras Públicas, cartera que dirigió desde el inicio del gobierno de Arce. Los investigadores también indagan si el exministro utilizó fondos estatales para movilizar y financiar a grupos afines al oficialismo.
El ministro reconoció públicamente, en mayo del 2022, ser líder del grupo conocido como los “Guerreros Azules”, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que, bajo instrucción interna, asistía de manera organizada a actos oficiales del Gobierno.
“Sí, efectivamente soy el comandante de los guerreros azules; nuestro objetivo es siempre luchar por la democracia”, declaró entonces ante la prensa. Afirmó, además, que los integrantes del grupo financiaban sus propios viajes y alimentación para asistir a actividades oficiales, incluido el desfile del 1 de mayo en Oruro, donde su presencia fue notoria. En esa ocasión, Montaño lideró a los funcionarios que marcharon con poleras blancas y gorros azules, en medio de arengas de apoyo al entonces presidente Arce.
Ese mismo mes, ANF difundió un reportaje basado en el testimonio de una fuente interna del Ministerio de Obras Públicas, quien aseguró que los “Guerreros Azules” eran funcionarios obligados a realizar aportes económicos para financiar traslados y a enviar fotografías (selfies) a sus superiores como prueba de asistencia.
La investigación judicial busca establecer si este grupo operaba con recursos públicos y si su estructura respondía a fines políticos. Asimismo, se indaga la existencia de presuntos vínculos con otras agrupaciones identificadas como irregulares, lo que sostiene la acusación de financiamiento a “grupos terroristas”.
Hasta el momento, Montaño no se pronunció sobre la orden de aprehensión ni su paradero ha sido confirmado. Las autoridades sostienen que se activarán los mecanismos necesarios para ejecutar la medida y continuar con el proceso penal.
BD/LE
