La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, calificó como “más política que jurídica” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión de la detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La autoridad cuestionó que la medida alcance únicamente a tres líderes opositores, cuando el 60% de la población penitenciaria en Bolivia se encuentra bajo detención preventiva.
Brújula Digital|24|08|25|
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, calificó como “más política que jurídica” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión de la detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La autoridad cuestionó que la medida alcance únicamente a tres líderes opositores, cuando el 60% de la población penitenciaria en Bolivia se encuentra bajo detención preventiva.
“Es más una medida política, la asumimos como una medida más política. ¿Por qué solo tres personas y no todos los privados de libertad que están con detención preventiva?”, declaró Arraya en conferencia de prensa, recordando que hay reclusos que ya han cumplido el tiempo máximo de detención cautelar previsto por ley.
El TSJ emitió en días pasados un instructivo para que jueces verifiquen si los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari cumplen con los plazos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, que fija un límite de seis meses para la detención preventiva.
Arraya subrayó que el Gobierno respetará lo que determinen los jueces el lunes, cuando Camacho y Pumari tengan audiencias fijadas en La Paz y Potosí. En el caso del exgobernador cruceño, su defensa pedirá libertad irrestricta argumentando que ya no existen riesgos de fuga ni de obstaculización del proceso. En tanto, la defensa de Pumari pedirá el cese de la detención al considerar que su juicio concluyó.
La viceministra señaló que la Policía está lista para acatar cualquier disposición judicial, sea detención domiciliaria, libertad simple o traslado penitenciario. No obstante, insistió en que la revisión de medidas cautelares debería alcanzar a todos los internos, y no solo a tres líderes opositores con relevancia política.
“Tenemos cerca del 60% de privados de libertad con detención preventiva. Incluso hay personas que ya han cumplido la pena que dispone el Código Penal, pero siguen detenidas. La revisión debería ser universal, no selectiva”, enfatizó.
La autoridad recordó además que los procesos contra Áñez, Camacho y Pumari se sustentan en informes internacionales, como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de 2019. “Esperamos que los jueces valoren también esos informes, porque allí se establecen responsabilidades sobre las masacres”, apuntó.
BD/ML
