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Seguridad | 21/05/2025   19:02

Caso “ítems fantasmas”: Dictan detención preventiva contra Antonio Parada tras ser extraditado

La justicia dispuso la detención preventiva sin plazo en el penal de Palmasola para Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, principal acusado en el caso conocido como “ítems fantasmas”.

Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña. Foto: Fiscalía
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El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dispuso este miércoles la detención preventiva sin plazo en el penal de Palmasola para Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, principal acusado en el caso conocido como “ítems fantasmas”.

La decisión judicial se tomó en la audiencia de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público, que argumentó riesgo de fuga y obstaculización del proceso legal. La comisión de fiscales también solicitó la incautación de siete bienes inmuebles registrados a nombre del imputado, como parte del resarcimiento por el daño económico causado al municipio.

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que Parada es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contratos lesivos al Estado. Se lo acusa de haber creado al menos 800 ítems inexistentes en la Alcaldía durante la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa, provocando un daño económico de aproximadamente 24 millones de bolivianos.

Parada fue extraditado desde Brasil el pasado fin de semana y entregado a las autoridades bolivianas en la frontera de Arroyo Concepción. Posteriormente, fue trasladado en calidad de aprehendido al aeropuerto El Trompillo de la ciudad de Santa Cruz y presentado ante el juez que definió su situación jurídica.

Durante su arribo al país, el acusado se acogió a su derecho al silencio y se abstuvo de declarar ante la comisión de fiscales.

El vocero del Gobierno Municipal de Santa Cruz, Bernardo Montenegro, destacó que el objetivo del proceso no solo es establecer responsabilidades penales, sino también recuperar los recursos públicos desviados. “Hablamos de más de 200 millones de bolivianos de daño económico al municipio en distintos procesos vinculados”, señaló.

BD/RED





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