"Testigo clave" contra Fiscal General declara y pide garantías

Brújula Digital |09|09|20|

Durante la mañana de este miércoles, el Ministerio Público dio inicio a un proceso en contra del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. El “testigo clave” de este caso declaró ante el fiscal y reveló que, en 2018, dos funcionarios del Consejo de la Magistratura le hicieron paralizar el sistema informático judicial por tres minutos para direccionar una acción de libertad presentada por Lanchipa a un juez, para que éste le favorezca y, así, habilite para postular al cargo de Fiscal General del Estado.

El abogado Marco Camacho, defensor del testigo clave Édgar Miranda, denunció que su defendido presentó esta denuncia ante el Consejo de la Magistratura el mismo 2018, pero que la misma no avanzó.

“Se lo ha utilizado, engañado, sonsacado y amedrentado (al señor Miranda) para realizar el delito; cuando él reclamo, fue despedido”, declaró Camacho esta mañana a periodistas en Sucre.

El jurista informó que están identificadas las personas que presionaron a Miranda para paralizar el sistema y manipularlo a favor de Lanchipa, quien por entonces ocupaba el cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Se trata de Ariela S. y Rina P., además de otro miembro del Consejo de la Magistratura, quienes también fueron denunciados ante el fiscal Gerardo Gutiérrez, quien atiende el caso.

Camacho informó que el fiscal otorgó garantías a su defendido, pero Gutiérrez negó esa acción e informó que Miranda figura en el proceso como imputado y no como testigo.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió a las autoridades judiciales apartar del cargo a Lanchipa mientras se lleve adelante el proceso en su contra. “(Lanchipa) no puede ser juez y parte”, advirtió el dirigente cívico cruceño, quien desde la pasada semana protagoniza movilizaciones para pedir la renuncia del Fiscal General, a quien acusa de favorecer al Movimiento AL Socialismo (MAS) y al expresidente Evo Morales.

Lanchipa advirtió que ante ese “hostigamiento” que sufre, recurrió ante organismos internacionales. “Mi persona acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó una medida cautelar a la seguridad e integridad de mi persona, de mi familia, como también el derecho que tenemos de ejercer libremente la función que el pueblo boliviano nos ha otorgado… Esta medida cautelar ha sido admitida por la CIDH y va a ser puesta en conocimiento ante las autoridades nacionales para su cumplimiento”, sostuvo el martes.

El jueves de la semana pasada, la Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Grisel Arancibia, informó que los integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), se pronunciaron en apoyo a la gestión de Lanchipa, con la emisión de una “Declaración de Apoyo”, que expresa el repudio contra todo acto contrario a la independencia y autonomía del Ministerio Público. La AIAMP es una institución que integra a los Ministerios Públicos iberoamericanos y fue fundada en 1954.

En respuesta, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que Lanchipa “no tiene que sentirse amenazado” porque el Estado le brinda garantías y la seguridad respectiva como corresponde a su investidura. No obstante, reiteró su cuestionamiento al papel que jugó como Fiscal General ante el bloqueo de caminos de 12 días que protagonizaron movimientos afines al MAS en agosto. Lanchipa por entonces desapareció, “se ha estido” como dirían los paceños, dijo.

El 23 de octubre de 2018, Lanchipa juró al cargo de Fiscal General del Estado, ante el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, en presencia del también Jefe del Estado, Evo Morales. La designación de Lanchipa fue hecha por la Asamblea, que tiene mayoría de votos del MAS.

BD/JJC