Terror judicial. Una historia corta pero escalofriante

Brújula Digital |29|07|22|

Amalia Pando / Cabildeo Digital

El abogado de la defensa, Jorge Valda, relató a Cabildeo Digital las decisiones insólitas que se tomaron en una audiencia que buscaba la libertad de tres jóvenes paceños detenidos bajo el pretexto de portar petardos en una marcha convocada por los médicos.

El juez avala documentos falsos

“La audiencia que se llevó este jueves, de Mauricio Bruzoner, Rodolfo Rodríguez, Riki Blas, era por una actividad procesal defectuosa, es decir, para que se resuelvan los incidentes que denunció la defensa. Porque un juez no puede convalidar actas de recepción de indicios que firman personas que no existen, que firman los alías que hubieran utilizado los militares infiltrados en la plataforma Resistencia Civil La Paz.

Hemos demostrado que estas declaraciones y estas firmas son falsas.  Todos estos documentos han sido utilizados para disponer la detención de los tres jóvenes. Sin embargo, en esta audiencia, el juez que dispuso la detención, el juez García Mamani, Séptimo Cautelar, ratifica su actuación y resuelve que la Fiscalía corrija esa información, inclusive durante la ejecución de sentencia, es decir que convalida la información falsa, los documentos nulos.

EL hecho que este juez, García Mamani, el mismo día de las detenciones les haya dado libertad en horas de la noche, es una demostración de que la autoridad jurisdiccional estaba al tanto de la acción del gobierno, de usar militares para infiltrar marchas y usarlos con nombres falsos para acusar a los detenidos. Esta claro que el juez no hará respetar los derechos constitucionales.

Detenidos por siempre

Y en horas de la tarde, tras que se rechazaron los incidentes, la sala penal primera de la doctora Silvia Portugal dispone rechazar la apelación de la medida cautelar, es decir, convalida las actuaciones del juez séptimo, los infiltrados y lis documentos falsos. 

Debo señalar que entre tanto se investigue sobre si los petardos son o no son explosivos o que el vinagre no sería un material para fabricar explosivos, ellos deben permanecer privados de libertad, sin fecha límite. 

Es un abuso llevado al extremo.  Es una situación sin precedente que está criminalizando el derecho a la protesta y se está militarizando a las organizaciones ciudadanas y a los organismos vivos de derechos humanos. Eso está ocurriendo en el presente a plena luz del día

Los militares infiltrados 

Hasta ahora no ha existido una autoridad que pueda dar razón de cómo es posible o quién hubiera autorizado que cuatro funcionarios del Ejército, tres tenientes, un sargento, todos egresados de la escuela Militar de Inteligencia, para ingresar a la plataforma de la Resistencia Civil, se hayan posesionado como directivos frente al Comité Cívico Pro La Paz, frente a la APDHB y utilizando sus instalaciones, peor que en la dictadura que tuvo como ministro de gobierno a Luis Arce Gómez. 

Es decir, volvemos a la época no solo de la absoluta anarquía en cuanto a las garantías, sino al poder discrecional.  Se estaría utilizando a las FFAA para investigar y detener a cualquier ciudadano.  Estamos frente a un poder absoluto y, con ello, nadie puede sentirse en libertad y todos corremos riesgo que el día de mañana, cuando seamos detenidos de modo arbitrario no podremos tener a la justicia ni a las leyes de nuestra parte porque el gobierno le ha otorgado a la Fiscalía y al ministro de Justicia potestades casi omnipotentes para cumplir un mandato político totalmente nefasto para nuestra seguridad y respeto a nuestros derechos.

BD