Periodistas y el Ministerio de Justicia rechazan fallo judicial que no toma en cuenta la Ley de Imprenta

Brújula Digital |22|04|21|

El Ministerio de Justicia y periodistas de Cochabamba rechazaron la denuncia penal del abogado sentenciado Jhasmani Torrico en contra de medios de comunicación y reporteros y la orden de una jueza para que éstos entreguen información para iniciarles un proceso penal; les recordaron que está vigente la Ley de Imprenta.

Torrico pidió a la jueza Sofía Camacho Almanza que solicite información a 13 medios de comunicación sobre su caso para, posteriormente, iniciarles un proceso por los delitos de difamación, calumnia e injuria.

Camacho accedió al pedido de Torrico, quien desde el pasado 26 de febrero cumple una sentencia de seis años y seis meses de prisión en el penal de San Sebastián, en Cochabamba, por secuestrar y torturar a un mecánico. 

Esa decisión judicial fue rechazada por la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC), organización que emitió un comunicado.

En el documento, la FSTPC expresa su “rechazo contra la decisión de la jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, de acceder a la petición del abogado sentenciado Jhasmani Torrico de conminar a 13 medios de comunicación a que entreguen información con el objetivo de iniciarles un proceso por difamación, calumnia e injuria”.

“Torrico argumenta que fue acusado falsamente en los medios, sin embargo, su caso, por el que es acusado de extorsión, agresiones y dirigir un consorcio de juristas y fiscales, fue cubierto por todos los medios al generarse noticias de conocimiento público”, se lee en el comunicado de la FSTPC.

Además, el Ministerio de Justicia recordó que está vigente la Ley de Imprenta para este tipo de casos. “Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el Ministerio de Justicia recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

En 2019 se filtró un video en redes sociales en el que se veía a Torrico cuando cobraba deudas a través de la tortura. Por ese motivo empezó la investigación en contra del abogado.

BD/JJC