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Política | 26/03/2024

|OPINIÓN|Una interpretación de la realidad crítica del censo |Mauricio Alzérreca|

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Foto: ABI

Brújula Digital|26|03|24|

Mauricio Alzérreca

Este artículo es una interpretación de las condiciones de imposibilidad y la ingenuidad de pensar que el censo 2024 en Bolivia se realizó como un proceso técnico y racional que proporcione información confiable para realizar estudios científicos sobre las necesidades de la población, distribuir equitativamente los recursos políticos y económicos entre las regiones; tampoco ayudará a promover la reivindicación de los legítimos procesos autonómicos regionales y de los pueblos indígenas que buscan gestionar políticas públicas que aborden de manera pertinente, eficiente, eficaz y sostenible los problemas que impiden mejorar la calidad de vida de la población.

El modelo económico extractivista y el régimen político hiperpresidencialista son condiciones estructurales que han permanecido inalteradas, independientemente de los cambios de ideología política y hegemonía sociocultural expresados en los movimientos históricos del Estado-nación en 1952, el Estado neoliberal en 1985 y el Estado plurinacional en 2006, dando lugar a gobiernos centralistas políticamente frágiles y económicamente inestables.

En los últimos años, el Gobierno corporativo de las organizaciones sociales bajo la tendencia autocrática del MAS se ha visto impactado por el ciclo negativo del modelo económico extractivista. Esto ha provocado que los ingresos públicos sean insuficientes para seguir ejecutando intervenciones estatales y políticas públicas clientelares en línea con el proyecto político de reproducción del poder. Esto representa el surgimiento de un gobierno insolvente y vulnerable.

Asimismo, la racionalidad monológica del poder que pretende construir un sujeto con una identidad cultural única, sin reconocer ni respetar el diverso tejido sociocultural existente en Bolivia, agudiza el problema de la exclusión de las culturas subalternas, dando lugar a una sociedad cada vez más violenta y polarizada, con intensos niveles de conflictividad social permanente.

Además, el régimen político hiperpresidencialista que promueve el caudillismo es una de las causas de la crisis dentro del MAS, marcada por un alto nivel de división, acusaciones y enfrentamientos violentos. Esto, combinado con la débil gestión de los partidos de la oposición, está agravando la crisis de representación política y debilitando aún más los procesos de democratización en Bolivia.

También es necesario destacar la presencia de una cultura política y social de buscadores de renta, a través de gobiernos plagados de corrupción y complicidad con prácticas ilegales como el contrabando, el narcotráfico y el avasallamiento, tráfico y deforestación de tierras en áreas protegidas y territorios indígenas, violando la Constitución Política del Estado y debilitando el Estado de derecho.

Todos estos factores han contribuido a la descomposición del sistema judicial, así como al estancamiento de los procesos para el establecimiento de regímenes autonómicos subnacionales y la libre determinación de los pueblos indígenas. Esto ha limitado las condiciones necesarias para desarrollar políticas públicas pertinentes, legítimas, eficaces y sustentables para atender los múltiples y complejos problemas públicos de exclusión y desigualdad social, inseguridad ciudadana, bajos niveles de industrialización y emprendimiento productivo, deterioro ambiental, desastres naturales y violación de áreas protegidas y territorios indígenas, entre otros.

Desde esta posición crítica y pesimista de interpretación de las condiciones estructurales del contexto político, económico, institucional y sociocultural de Bolivia, el censo 2024 como instrumento técnico-racional no tiene la más mínima posibilidad de transformar los procesos y contenidos de las políticas públicas para ampliar las condiciones de posibilidad de abordar de manera pertinente, eficiente y sostenible los problemas públicos que, en situaciones no tan negativas, ya son de muy difícil solución.

El censo, más que un instrumento para fortalecer las políticas públicas, es una herramienta constitutiva que determinará la redistribución de los recursos políticos y económicos entre el gobierno central, las regiones y los pueblos indígenas. Por lo tanto, es un instrumento de lucha política y regional, amplificando la posibilidad de intensos conflictos y polarización social, que tendrá una fuerte incidencia en las próximas elecciones presidenciales del 2025.

Mauricio Alzérreca Medrano es especialista en políticas públicas.



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