|OPINIÓN|Participación popular, democracia y libertad|Javier Torres Goitia|

Brújula Digital|23|04|24|

Javier Torres Goitia C.

En 1983, la República de Bolivia, en el Gobierno del MNRI, de Hernán Siles Zuazo, con el ministro de Previsión Social y Salud Publica, Dr. Javier Torres Goitia Torres y un equipo de profesionales, inició un inédito proceso de participación popular en las políticas de salud y a su vez la participación de las instancias del Gobierno de ese entonces junto a las organizaciones sociales independientes en el diseño y aplicación de políticas de salud.

Este proceso de participación popular en asuntos cotidianos, hasta antes encargados exclusivamente a la burocracia gubernamental, nacional y regional, significó el primer proceso de planificación desde lo local hacia lo nacional, donde la voz del ciudadano y de su propia y genuina organización social fueron determinantes en las acciones y planes de acción que llevaron rápidamente a una reducción importante de la mortalidad infantil y materna, reducción, y luego erradicación, del bocio endémico, disminución de los casos de malaria y enfermedad de Chagas.

Se formaron movilizaciones conjuntas por la salud en las que participaron enfermeras, médicos, salubristas, bioquímicos, tecnólogos y personal administrativo del Ministerio, además de militares y policías, junto a comités populares de salud creados por la propia comunidad en la que intervenían integrantes de clubes de madres, juntas vecinales, organizaciones laborales, sindicatos, organizaciones religiosas tanto de las ciudades como del área rural, llamadas Movilizaciones populares por la Salud.

Este proceso, el primero en las Américas, se produjo en un momento importante de retorno a la democracia en el país luego de un Gobierno militar íntimamente ligado al narcotráfico. El consolidar la democracia a través de la participación individual y colectiva en asuntos que tocan directamente a su vida fue muy importante y generó una verdadera reforma de salud que desde entonces hasta hace 21 años significó que “La salud no se vende ni se regala sino se conquista”, lema que tuvo un profundo significado para las acciones posteriores.

En ese mismo camino y con la misma inspiración, el Gobierno del MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1993 a 1997, con la participación de un equipo de profesionales de diferentes ámbitos entre los que destacaron Fernando Romero, Carlos Hugo Molina, “Buby” Kreidler, “Chacho” Justiniano, Freddy Teodovic, George Gray-Molina, Fernando Afcha, Fernando Ruiz, Bruno Giussani, Javier Torres Goitia Torres y otros hicieron de la participación popular una Ley, la 1551 de 1994, que significó una verdadera transformación políticoeconómica y social del país. Esta transformación descentralizó las decisiones en 315 gobiernos municipales autónomos con un presupuesto previamente asignado en forma anual sobre la base de la cantidad de población que habitaba en el espacio territorial; estos recursos provenían del 20% de la coparticipación tributaria nacional. Nace aquí el concepto de la Planificación Participativa para asuntos estratégicos de cada localidad y de cada región. Estos planes (agrarios, de salud, de educación, de inversión, de caminos y comunicación), en fin de todo cuanto la comunidad sentía como necesidad se consolidaban en los municipios y luego se trasladaban primero a los gobiernos regionales y de allí se consolidaban a nivel nacional; el Gobierno nacional y los gobiernos regionales aportaban las contrapartes necesarias para el logro de estos objetivos anuales. Se creó el concepto de Inversión Pública con Contraparte Local, Regional y Nacional.

Este proceso de participación popular profundiza realmente la democracia hasta el individuo que con su participación y voluntad libre y soberana plantea en su propia localidad las necesidades comunes para asegurar un desarrollo individual y colectivo. Es decir “yo participo en mi propio desarrollo con mi aporte económico e intelectual”. Y esto es así, ya que el dinero de la coparticipación tributaria es de todos los bolivianos y los planes operativos anuales son el resultado de la participación comunitaria e individual a nivel local.

Este proceso libre, democrático, y creativo se diferencia radicalmente de lo que luego de octubre de 2003 ocurrió con los llamados movimientos sociales.

Estas estructuras son corporaciones de ciudadanos afiliados por afinidad laboral, regional o política, que como toda organización corporativa responde a consignas de intereses ya no individuales sino grupales en los cuales se establecen categorías de prioridades que responden a lógicas que no necesariamente responden a las necesidades del individuo. Para colmo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, creado después de 2006 en forma ilegal, los movimientos sociales tienen que responder al partido o movimiento político en el poder para tener vigencia y lograr así sus prebendas, cosa muy diferente a los que la Planificación Popular Local creaba, que eran planes operativos anuales democráticamente construidos.

Traigo a la memoria esta diferencia, ahora que estamos discutiendo cómo enfrentar a la dictadura actualmente en la administración gubernamental.

La propuesta a considerar es tomar como ejemplo las movilizaciones populares de 1983 y los planes operativos anuales de 1994 para lograr devolver a la ciudadanía la posibilidad de crear mecanismos propios de desarrollo de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. De este proceso genuinamente democrático podrán construirse propuestas locales, regionales y nacionales que corrijan el deterioro nacional y lo transformen en un país productivo, libre y democrático donde el individuo sea el eje de la política y de la economía y de ese proceso participativo, democrático y libre saldrán líderes que tengan capacidades y coincidencias con la mayoría de sus pares y así se generarán líderes que sean genuinos demócratas sujetos al control permanente de su sociedad.

No hay otra forma de construir genuinamente democracia que no sea con la participación absoluta de los ciudadanos en temas que construyen su futuro tomando en cuenta su propia realidad. Esto a su vez y en paralelo va creando la necesidad de construir instituciones que respondan a esta dinámica de construcción en base a la realidad individual y social. Cualquier otra forma a estas alturas de la realidad boliviana es una quimera debido al desquiciado abuso de poder de las autoridades gubernamentales, jurídicas y de los dirigentes de los movimientos sociales, curiosamente todas del MAS.

Existe temor a la represión política, pero debe existir aún más temor a entregarle el futuro a la actual estructura de poder que en 18 años no ha demostrado intenciones de progreso democrático real, sino despilfarro, corrupción, vinculaciones delictivas serias, violaciones a los derechos humanos y construcción de mentiras difundidas por el poderoso sistema de comunicación creado en otras latitudes.

No queda otra alternativa que la organización local, masiva, libre y democrática alrededor de realidades y necesidades reales de cada comunidad. La suma de estas encontrará naturalmente coincidencias para lograr plataformas nacionales temáticas con liderazgos propios de la comunidad.

Javier Torres Goitia C. fue ministro de Salud de Gonzalo Sánchez de Lozada. Reside en Lima, Perú.