|OPINIÓN|Sobre el Gobierno de facto|Eduardo Chávez|

Brújula Digital|30|04|24|

Eduardo Chávez 

Durante el primer año del actual Gobierno, el oficialismo instaló en la opinión pública la versión de que el país salía de un año de Gobierno de facto, expresión que es relacionada con golpe de Estado y el ejercicio del poder al margen de la ley, afirmación que aún es investigada y que poco a poco se diluye entre agua de borrajas por su inconsistencia. Este el contexto de lo que el oficialismo considera Gobierno de facto.

Más allá de la polémica entre políticos nacionales, corrientes de la ciencia política son más amplias en el concepto de Gobierno de facto o Gobierno non de iure –expresiones del latín que significan Gobierno de hecho y de no derecho–, el mismo que no solo puede surgir de un golpe de Estado sino del vacío de poder como ocurrió en Bolivia en 2019.

Pese a la elección y la constitucionalidad, el actual Gobierno arrastra la tendencia de desinstitucionalización no solo del Órgano Ejecutivo sino de varias instituciones de Estado durante los 14 años de Gobierno del MAS con Evo Morales en la presidencia, lo que puede aplicarse a un Gobierno de facto.

La tentación de nombrar autoridades interinas en el Banco Central, la Aduana, Impuestos, Contraloría, servicio diplomático, incluso en la Policía y las Fuerzas Armadas con comandantes accidentales, y un largo etcétera han garantizado al Ejecutivo tener funcionarios afines antes que personal técnico y le han evitado tener que concertar para que éstos sean nombrado con los mecanismos establecidos en la Constitución Política del Estado –paradójicamente impulsada y aprobada por el MAS– a través de la Asamblea Legislativa, en algunos casos la designación debe ser aprobada por dos tercios de voto.

El interinato parece ser el camino de las autoridades judiciales, algunas de ellas se mantienen en el cargo luego de sentenciar su propia prórroga y sólo algunos sucumbieron a la vergüenza y presentaron sus renuncias. Estos son algunos de los botones de muestra de que en Bolivia ejerce un Gobierno de facto.

Y la camisa parece ser extragrande porque aparecen muchos de estos botones, pues las decisiones al margen de la ley no solo están en los niveles de decisión, sino también en situaciones cotidianas que enumeramos a continuación.

De facto, de hecho, o de no derecho el empleo en las entidades públicas está reservado para militantes o simpatizantes del oficialismo, no solo en el Gobierno nacional, sino también en el departamental y municipal. Y aunque esto no se dice abiertamente, a la hora de las convocatorias las oficinas de talento humano, como dice un ministro no tan talentoso, se investigan redes sociales, preguntan si existen avales y si se llega a la contratación se habla de “aportes” y predisposición de participar en eventos políticos y sociales.

De facto, de hecho o de no derecho la jubilación obligatoria ya se aplica incluso antes de los 50 años para mujeres y antes de los 58 para hombres, pues tanto entidades privadas como públicas difícilmente contratan a personal mayor de 40 años y pese a exigir títulos, formación especializada para el cargo y experiencia mínima en años los salarios no corresponde a esos requisitos por lo que muchos profesionales optan por colgar diplomas para dedicarse al comercio u otra actividad ajena a la profesión, en lenguaje de ONG, se reinventan. Además, los contratos laborales se convirtieron en contratos civiles de consultores, dando paso, de facto, a la flexibilización laboral.

De facto, de hecho, o de no derecho en Bolivia se aplicó una devaluación, pues aunque oficialmente el dólar cuesta 6,96 bolivianos desde 2011 y no hay ley o decreto que disponga la variación de la divisa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas  y el viceministro de Defensa del Consumidor admitieron que el precio del dólar llegó a al menos 8 bolivianos en el mercado paralelo y la ASFI reguló hasta un máximo del 10% las comisiones de los bancos para transacciones en dólares después de que estas subieron hasta el 25%, lo que aumenta el cambio del dólar. Pese a medidas y declaraciones del Gobierno y del Banco Centra en Bolivia no hay dólares, al menos no al precio oficial que aún sigue vigente.

De facto, de hecho, o de no derecho en Bolivia se agotan las reservas de gas para exportar y este hecho, de facto, afecta al ingreso de recursos, dólares, y por tanto a la economía de los bolivianos, más allá de las cifras macroeconómicas que en el discurso oficial instala al país en el primer mundo.

Estos son algunos factos y las muestras de que en Bolivia hay un presidente democráticamente elegido, Luis Arce –el heredero de Evo Morales en el cargo, él expresidente lo eligió pese a la aparente disputa que viven por estos días–, el país está al mando de un Gobierno de facto por la desinstitucionalización y las acciones que se desarrollan cotidianamente sin que medie ley, decreto o norma.

Eduardo Chávez Ballón es periodista.