MAS aprovecha su mayoría y aprueba ley de inmunidad para dirigentes que generaron violencia y saqueos

Brújula Digital|0612|19|

El MAS aprovechó sus dos tercios la madrugada del viernes para aprobar la Ley de Garantías que pretende dejar inmunes o libres a dirigentes sociales que generaron violencia y saqueos en octubre y noviembre pasados, tiempo en el que el gobierno de Evo Morales incurrió en fraude electoral. Demócratas anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma y la presidenta Jeanine Añez anticipó que no la promulgará porque va contra la Constitución Política del Estado. 

“Aprueban su ley de impunidad a pesar de las denuncias por parte de diputadas del MAS quienes fueron discriminadas y amenazadas para aprobar esta ley”, publicó a través de Twitter, Amilcar Barral, diputado uninominal de Unidad Demócrata. 

Legisladores contrarios al MAS se oponen al proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales porque consideran que la futura norma busca dar impunidad al expresidente Evo Morales y otros funcionarios de su gestión, pues uno de los artículos establece la “prohibición de acciones de hecho, aprehensiones, detenciones preventivas y persecuciones judiciales o cualquier medida que coaccione el libre ejercicio de derechos y libertades por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre”.

La diputada de Demócratas, Rose Marie Sandóval, anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley porque busca "modular" el juicio de responsabilidades en contra de altas autoridades, en este caso de Evo Morales, ahora asilado en México.

El artículo 7 del proyecto de ley señala que se "regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra el Presidente/a, Vicepresidente/a y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, Magistratura (...)”.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció el jueves que la presidenta Jeanine Áñez “va a tener que rechazarlo, va a tener que vetarlo, es el único camino que queda en este caso”. Indicó que el Gobierno es de transición y no tiene las atribuciones para otorgar garantías que ya están establecidas en la Constitución Política del Estado.

Sostuvo que los delitos que se cometieron en el conflicto político y social que estalló después de los comicios del 20 de octubre, deben ser investigados y sancionados por la justicia boliviana.

Núñez dijo que ese proyecto de ley "no tiene sentido" porque ya se abrogó el DS 4078 que eximía de responsabilidad penal a militares que participen de operativos de restauración del orden público y se acaba de aprobar otro decreto que establece la indemnización a los familiares de las personas fallecidas en los últimos conflictos sociales.