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Política | 03/02/2023

La justicia como instrumento de coerción y ataques sistemáticos a periodistas, el informe de violaciones a los DDHH que se entregó a la CIDH

La justicia como instrumento de coerción y ataques sistemáticos a periodistas, el informe de violaciones a los DDHH que se entregó a la CIDH

Foto: Página Siete

Brújula Digital |03|02|2023|

Las organizaciones de la sociedad civil que esta mañana participaron en la audiencia virtual con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julisa Mantilla, exponieron las violaciones a los derechos humanos en el gobierno del presidente Luis Arce.

Entre los ejes abordados en el informe destacan el uso de la justicia como un instrumento de coerción, la violencia sistemática contra periodistas, ataques a defensores de derechos humanos, violación a los derechos de los pueblos indígenas, persecución a opositores y vulneración de derechos humanos en la protesta pacífica en Santa Cruz.

La justicia como instrumento de coerción

El Ministerio Público en Bolivia tiene como uno de sus principales métodos de acción el de buscar la “neutralización” de los adversarios políticos mediante procesos judiciales, señala el documento y cita casos como del exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien enfrentó más de 100 procesos judiciales.

Actualmente el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, enfrenta 71 procesos, seis con sentencia, y el de La Paz, Iván Arias, suma más de 20. El líder cívico cruceño, Rómulo Calvo, enfrenta 18 procesos y pesa sobre él una detención domiciliaria. El expresidente, Carlos Mesa, suma ocho juicios.

“Se puede estimar que unas 400 personas contrarias al gobierno, entre exautoridades, dirigentes políticos y otros, tienen acusaciones del Estado. No existe dirigente político, sindical o social relevante en Bolivia, que sea contrario al gobierno, que no esté sometido a presiones judiciales” sintetiza.

Presos políticos

En el informe indica que “varios o todos los requisitos para ser considerados presos políticos se cumplen en Bolivia en la calificación de unos 190 detenidos”.

“La dependencia del Ministerio Público y en general del sistema judicial boliviano de las autoridades de gobierno, y que han sido identificadas por el Grupo GIEI, además del relator especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados, Diego García-Sayán, y Human Rights Watch, permite a las autoridades actuar con impunidad con respecto a los adversarios políticos”, denuncia.

“Por definición, en un Estado de Derecho no pueden existir presos políticos, ya que los derechos de los ciudadanos están protegidos por un sistema judicial independiente, idóneo y que garantiza los derechos de las personas. No es el caso de Bolivia”, concluye.

“Un Golpe de Estado que no sucedió”

El gobierno de Luis Arce señala que en 2019 habría ocurrido un “golpe de Estado” en contra del entonces presidente Evo Morales, quien renunció a la presidencia y huyó a México presionado por movilizaciones ciudadanas y movilización de grupos civiles armados como en Challapata.

La narrativa de “golpe” es utilizada por el Ministerio Público y las autoridades para perseguir a los opositores. “La gran cantidad de presos políticos que existen en el país son acusados por eventos relacionados a esos hechos”, se indica en el informe.

“Es importante reiterar que la observación electoral de la delegación de la OEA a las elecciones de 2019, y que llegó a Bolivia ha pedido del Estado Boliviano, estableció una serie de irregularidades en el proceso electoral realizado el 20 de octubre de ese año y que dio como ganador a Evo Morales, que aspiraba a un cuarto mandato pese a que la Constitución solo permite dos. Un equipo de auditoría electoral compuesto por 37 expertos de la OEA se encargó del análisis de los comicios. La OEA ratificó los hallazgos iniciales concluyendo la manipulación de la elección. El informe fue avalado por la Unión Europea y diversos estudios tanto nacionales como internacionales” señalan.

La divulgación de esas irregularidades generó masivas manifestaciones en el país, que forzaron la renuncia y posterior abandono del territorio nacional deMorales. Con el paso de los meses y los años, el MAS y el gobierno han generado otra narrativa, la que señala que en realidad Morales renunció debido a un golpe de Estado.

Los argumentos; sin embargo, se vieron descartados por declaraciones de los propios actores principales del MAS, Morales y Álvaro García Linera, que señalaron que su renuncia se decidió el 9 de noviembre, es decir un día antes de la renuncia oficial y, por tanto, antes de la ‘sugerencia’ de las FFAA de que lo hiciera.

En su libro autobiográfico “Volveré y seré millones”, Morales afirma que renunció el 9 de noviembre, cuando perdió el respaldo de su hasta entonces aliada, la Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a los principales sindicatos obreros.

En otro libro, titulado “Evo: Operación Rescate”, del autor español Alfredo Serrano Mancilla, el exvicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, ratificó la versión. Dijo que el 10 de noviembre, a las 10 de la mañana, él llamó a la entonces expresidenta argentina Cristina Fernández para contarle que habían decidido renunciar. Las FFAA hicieron su sugerencia recién a las 15:50 del 10 de noviembre y Morales anunció su renuncia aproximadamente una hora después.

Además de ello, dos dirigentes opositores aseguraron que unas horas antes de la “sugerencia” del Ejército, Morales envío a dos delegados de su partido para negociar la transición ya que él había decidido dejar el cargo. Esa reunión se produjo alrededor de las 15.00 horas. Los dos delegados de Morales mencionados en esa versión no han desmentido los hechos.

“Estos tres elementos zanjan el tema y establecen, por boca de los propios actores del MAS, que no hubo golpe, que la decisión de renunciar se dio antes de la ‘sugerencia’ de las FFAA” se indica.

El caso de Jeanine Añez

En el informe se indica que el oficialismo ha utilizado la denuncia de "Golpe de Estado” para realizar una masiva persecución de opositores. Uno de los primeros y más connotados casos fue el de la expresidenta Jeanine Añez, detenida bajo el cargo de sedición, entre otros y es acusada por la vía ordinaria, pese a que la Constitución y leyes específicas señalan que un exmandatario solo puede ser acusado por un Juicio de Responsabilidades llevado adelante por el Órgano Legislativo.

Ataques a periodistas

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de la prensa del país y la Clínica Legal de Litigio Estratégico de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos monitorean el entorno para el ejercicio de las libertades fundamentales en nuestro país y han expresado en múltiples oportunidades su preocupación por la situación sostenida de impunidad en los delitos contra la libertad de prensa, que son perpetrados por civiles y autoridades públicas, sin que exista una respuesta desde el sistema de justicia para garantizar el trabajo de los periodistas, se indica en el documento.

En lo que va de este año, se registraron un total de 168 vulneraciones a la libertad de prensa, superando con mucho el consolidado de 73 hechos de violencia en contra de los medios y los periodistas que se cometieron a nivel nacional en 2021, según los datos recopilados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS. Estas agresiones van desde amenazas hasta violencia verbal y física, perpetrados tanto por autoridades del Estado como por la población civil en el contexto de protestas.

Esta situación se ha incrementado de manera preocupante desde 2019 debido a la violencia, ataques, amenazas y criminalización que sufren periodistas en el ejercicio de su labor, aspecto que ha motivado a la CIDH y la RELE a pronunciarse de manera reiterada recomendando al Estado boliviano que garantice condiciones de seguridad, preservando la vida, integridad personal y libertad de expresión a las y los periodistas.

La situación expresada se ve agravada al punto de que la Asociación Nacional de la Prensa estimó en noviembre de 2022 que cada tres o cuatro días se agrede o vulnera derechos a periodistas en Bolivia, habiendo registrado cerca de 421 vulneraciones entre 2018 y 2021.

Uno de los casos de mayor preocupación ocurrió el 28 de octubre de 2021, referido al secuestro, tortura y amenazas de muerte a las que fueron sometidos seis (6) periodistas en la hacienda Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz; este hecho ocurrió en el marco de la labor de cobertura informativa que dichos profesionales, junto a policías y otros civiles, estaban desarrollando por el avasallamiento de tierras ocurrido en esa localidad, cuando fueron sorprendidos por encapuchados, que los golpearon y amenazaron con armas de fuego.

A más de un año del hecho, y, pese a las continuas marchas y demandas de las asociaciones de periodistas, tales agresiones siguen en la impunidad. De los cinco (5) imputados, fueron aprehendidos tres (3), pero luego liberados para asumir defensa legal con el beneficio del arresto domiciliario. A la fecha, dos (2) continúan prófugos, las autoridades judiciales a cargo han suspendido 15 audiencias en una clara decisión de dilatar el proceso, en tanto las víctimas siguen siendo blanco de amenazas.

Entre octubre y noviembre de 2022, al menos 40 trabajadores de la prensa, entre ellos 15 mujeres, sufrieron ataques por varias personas denominados “grupos de choque”, durante los 36 días de paro cívico en Santa Cruz. Los responsables están libres e impunes.

Al menos cinco mujeres periodistas han sido el blanco de campañas sistemáticas de desprestigio y estigmatización y señaladas como parte de un supuesto “cártel de la mentira” desde 2016 a la fecha.

El pasado 3 de enero un grupo de choque agredió en La Paz a los periodistas Nicolás Sanabria Garrón, de En otro formato, Yenny Callisaya, de Red Uno, Rodrigo Fernández, de Erbol, Alejandra Rojas, de radio Melodía, y otros tres camarógrafos.

El ataque no es un hecho aislado. Es sistemático. Comenzó hace 14 años con la descalificación a periodistas promovida por actores estatales (Presidente, Vicepresidente, ministros). El desprestigio tuvo y tiene un objetivo en la lógica de guerra (amigo-enemigo): señalar a los periodistas como enemigos del gobierno central, enemigos de los pobres, enemigos de los indígenas. En suma, el gobierno central usó la retórica del odio contra periodistas para inducir a sus seguidores a atacarlos con violencia física o lenguaje violento, denuncian.

Detención de Luis Fernando Camacho

El caso de la privación de libertad del gobernador Luis Fernando Camacho se inserta en el contexto general de persecución y se constituye en un caso paradigmático de privación de libertad motivada por razones políticas. Camacho adquirió notoriedad como líder político durante las protestas de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia.

Más adelante, Camacho fue electo gobernador del departamento de Santa Cruz tras mantener un perfil de oposición político al presidente Luis Arce, perteneciente al mismo partido político de Evo Morales. La tensión entre ambos funcionarios electos fue permanente desde el momento mismo de la asunción de funciones del presidente Arce en noviembre de 2020.

Recientemente, entre octubre y noviembre de 2022, en el departamento de Santa Cruz se produjo una nueva situación de conflictividad por las protestas ciudadanas ante el cambio abrupto y sin mayor justificativo de la fecha de realización el Censo de Población y Vivienda previsto para el mes de agosto de 2022. En el marco de dichas protestas se profundizó la división política entre el régimen de gobierno presidido por Luis Arce y el departamento de Santa Cruz, encabezado por Camacho.

El 28 de diciembre de 2022, Camacho fue privado de libertad de manera violenta y arbitraria mediante un operativo policial-militar y trasladado a la ciudad de La Paz.Inmediatamente, al difundirse la noticia de lo que se conoció como secuestro del gobernador, se produjeron múltiples actos y manifestaciones de rechazo y repudio de la población, los cuales continúan hasta el presente en un ambiente generalizado de protestas y represión policial en diferentes localidades del departamento de Santa Cruz y en otras ciudades de Bolivia.

En primer lugar, la detención fue violenta, interceptando su vehículo y reduciendo al personal que lo acompañaba. Los agentes que efectuaron la detención no se identificaron y se encontraban encapuchados.Asimismo, la orden de aprehensión en su contra nunca le fue comunicada ni notificada, siendo que el proceso abierto en su contra tampoco cuenta con una imputación formal. De igual manera, durante las primeras horas de detención, el gobernador Camacho estuvo incomunicado tanto de su familia como de sus abogados defensores, de modo que no se sabía su paradero y cuál sería su destino.

Human Rights Watch expresó su preocupación por la ilegalidad de la detención al producirse en un contexto de persecución política contra opositores, mediante la instrumentalización del tipo penal de terrorismo y sin la debida justificación legal y razonable de la prisión preventiva, pues según esa organización no existirían fundamentos suficientes que justifiquen dicha medida.

Hechos de violencia

La violencia policial fue particularmente violenta cuando se produjeron las protestas en Sana Cruz tras la captura de Camacho.

Medios de prensa registraron que la policía lanzó granadas de gases lacrimógenos y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes, ocasionando lesiones de consideración.

Ante la intensidad de la violencia policial de estos primeros días de protesta, múltiples instancias nacionales e internacionales hicieron un llamado para respetar los derechos humanos. Entre ellos destaca el comunicado del Secretario General de Naciones Unidas, quien expresó su preocupación por la escalada de violencia y llamando a adherirse al respeto por el Estado de Derecho.

Como consecuencia de las jornadas de violencia, continuaron aumentando los llamados al respeto de los derechos humanos de los manifestantes y a poner un alto al uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. No obstante, la respuesta de las autoridades, principalmente aquellas al mando de las fuerzas de seguridad, fue la de negar las acusaciones y estigmatizar a los manifestantes, presentándolos como integrantes de grupos irregulares.

Asimismo, aumentaron las denuncias de uso arbitrario de las armas de represión de la policía, las cuales eran usadas directamente contra los manifestantes y en algunos casos con municiones que no son las reglamentarias, generando lesiones graves en varias personas.Por su parte, algunas de las personas detenidas por la policía denunciaron que sufrieron malos tratos e incluso torturas a manos de los agentes del Estado. Otros, denunciaron que sufrieron extorsiones por parte de los agentes policiales, quienes exigían sumas de dinero a cambio de la libertad de los detenidos. Paralelamente, los abusos contra los periodistas siguieron aumentando, registrándose la agresión de un número elevado de periodistas que fueron lesionados como consecuencia de la represión.

Derecho a la vida, integridad personal y libertad

El contexto de protestas en Bolivia estuvo marcado por la represión violenta de la policía, mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Ello ha dado lugar a la muerte de Erwin Chávez Durán, ciudadano boliviano que fue víctima de un disparo policial con una granada de gas en la cara, ocasionándole la pérdida de un ojo y una fractura grave del maxilar inferior, durante las jornadas de protesta del 1 de enero de 2023. Desde entonces estuvo internado en un centro de salud, en estado crítico, y el 13 de enero perdió la vida a consecuencia de un paro cardíaco. La muerte de esta persona está directamente relacionada con las lesiones que sufrió por el disparo en su rostro a manos de agentes policiales. Por ende, este hecho se constituye en una violación del derecho a la vida, atribuible al Estado Boliviano al haber sido perpetrado por sus agentes, señala.

Violaciones a los derechos indígenas

Los indígenas bolivianos viven una aguda etapa de vulneración de sus derechos. Entre otros aspectos que deben soportar están, por ejemplo, la presión que ejercen las comunidades menonitas en las tierras bajas del país.

En el norte amazónico, son más bien los denominados interculturales los que invaden territorios indígenas.

En el sur del país, la exploración hidrocarburífera afecta sus territorios ancestrales y genera contaminación. La ampliación de la frontera agrícola también coloca mucha presión sobre los indígenas.

Contaminación por deshechos mineros del río Pilcomayo

La contaminación por desechos mineros del río Pilcomayo, fuente de vida de la nación Weenhayek deja sin alimentos al pueblo Weenhayek, destaca el informe.

También se registra contaminación con mercurio en ríos y fauna ictícola por explotación aurífera en toda la Amazonía y destrucción de fuentes de agua dulce por actividades de exploración y explotación de carburantes fósiles y caminos de acceso a los parques nacionales de Agüarague y Tariquía (Tarija).

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) también denunciaron que existe un patrón sistemático de violencia contra los territorios indígenas, el despojo de las tierras por parte del Estado para otorgárselas a las transnacionales mineras sin respetar el derecho al Consentimiento Previo Libre e informado.

También se vulneran los derechos a la Libre determinación, Autonomía, el derecho a ejercer la Justicia indígena plena, restringida por la ley 073 (deslinde jurisdiccional). Los derechos conquistados en la nueva Constitución Política de Bolivia en favor de los Pueblos Indígenas quedaron en enunciados casi imposibles de alcanzar su materialización limitadas por normas inferiores.

El extractivismo minero está acabando con la existencia física y cultural de los pueblos indígenas al privar de agua y tierras sanas para sobrevivir, la contaminación de agua en la superficie, el corte de venas subterráneas de agua, la contaminación de las tierras de cultivo y pastoreo, el almacenamiento de desechos tóxicos en diques de colas a cielo abierto con contenido de cianuro, plomo, mercurio y otros metales pesados está dejando desiertos de tóxicos a los territorios indígenas, ocasionando la perdida de fuentes de subsistencia de una economía tradicional, el desplazamiento forzado hacia las ciudades de las comunidades indignas.

El dirigente de la CONAMAQ, Cristóbal Huanca Salles, en fecha 12 de octubre de 2022, en la ciudad de Potosí, fue agredido por grupos de choque del oficialismo cuando participaba de un encuentro indígena. Huanca Salles fue obligado a arrodillarse y fue humillado de diversas maneras. El acusado de haber promovido las acciones violentas es Ramiro Cucho. En otra ocasión anterior también se dio una situación similar.



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