Informe de Human Rights Watch presenta casos de persecución política durante el gobierno de Evo

Brújula Digital |11|9|20|

La fundación Human Rights Watch presentó este viernes el informe “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia” en la que en una parte del mismo señala varios casos de persecución política durante el gobierno del expresidente Evo Morales “motivadas políticamente”.

“Muchos de los rivales políticos y críticos de Morales fueron procesados o investigados en función de acusaciones que parecen haber estado motivadas políticamente”, dice el informe de Human Rights Watch.

El informe documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. Pero también presenta casos de abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante el gobierno del expresidente Evo Morales, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas, de la fundación.

Human Rights Watch plasma varios ejemplos de las persecuciones a opositores de Morales.

Uno de los casos fue en marzo de 2006: El gobierno de Morales inició una causa penal contra el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé por “traición a la patria” en el ejercicio de sus funciones, por supuestamente haber enviado misiles obsoletos fabricados en China a los Estados Unidos para su destrucción. Rodríguez Veltzé negó que hubiera autorizado su entrega, y la Asamblea Plurinacional, que debía decidir si la causa contra éste podía avanzar teniendo en cuenta que se trataba de un expresidente, rechazó su enjuiciamiento.

En abril de 2009, en lo que se conoció en Bolivia como “el caso de terrorismo”, la fundación recuerda que policías mataron a dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y a un irlandés a quienes el gobierno acusó de ser mercenarios implicados en un complot para asesinar a Morales. Los informes periciales de un patólogo del gobierno irlandés y un consultor forense independiente apuntaron que al menos dos de esas tres personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Los fiscales imputaron a 39 personas en el supuesto complot para asesinar a Morales, incluyendo líderes de la oposición en Santa Cruz. En un video filtrado en 2011 se pudo ver a una persona supuestamente vinculada con el gobierno de Morales que le pagaba más de 30.000 dólares americanos para que abandonara el país al testigo clave que había implicado a los opositores políticos de Morales en el supuesto complot para asesinar al exmandatario. En 2014, el fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas en el caso habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. En febrero de 2020, la Fiscalía General del Estado retiró los cargos contra los 39 acusados”, detalla el informe.

Por otro lado, recordó que en agosto del año 2012, el gobierno de Evo Morales inició una acción penal contra los directores de tres medios de comunicación: Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, a quienes acusó de racismo. Morales dijo en un discurso que en la región oriental del país “sólo por flojos podemos hambrear”.

Ante ello: La ANF publicó un artículo sobre el discurso titulado: ‘’Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”. El gobierno alegó que ese titular y otros parecidos publicados por los otros dos medios periodísticos distorsionaron las palabras de Morales. Los directores de esos medios interpretaron que se trataba de un intento de intimidarlos, según le dijo a Human Rights Watch el entonces director de Página Siete, Raúl Peñaranda. “Los fiscales realizaron seis audiencias, en las cuales cuestionaron a los directores y los gerentes generales de los tres medios, pero nunca anunciaron cargos ni tampoco el cierre oficial del caso”, había explicado el exdirector, según el informe de Human Rights Watch.

Otro de los casos detallados en el mismo señala que desde el 2015 hasta 2018, la Fiscalía General del Estado usó una ley contra la corrupción sancionada en 2010 para presentar cargos contra los líderes opositores Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Carlos Mesa, ambos expresidentes de Bolivia, y el exministro Samuel Doria Medina de “conducta antieconómica” por decisiones tomadas durante el tiempo en que ocuparon sus puestos antes de 2010. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales, a menos que esto beneficie al acusado, dice el informe.

Finalmente, Human Rights Watch señala que en mayo de 2016, el abogado Eduardo León fue detenido y procesado por “trata de personas” tras haber representado a Gabriela Zapata Montaño, una examante de Morales que afirmaba haber tenido un hijo con él. Las autoridades bolivianas sostuvieron que Zapata y León habían pagado a un niño para que afirmara ser hijo de Morales. Según la Defensoría del Pueblo, León estuvo detenido por siete días sin que lo llevaran ante ningún juez, lo cual resulta violatorio de lo establecido por las leyes bolivianas, que exigen que los detenidos sean puestos a disposición de un juez en el término de 24 horas desde su detención. Ese mismo mes, las autoridades le quitaron a León de forma sumaria la matrícula para ejercer la abogacía y sostuvieron que había falsificado su certificado de servicio militar en 1999. En esa época era obligatorio presentar dicho certificado para poder obtener un título universitario, detalla el informe.

La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia.

“La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. El expresidente Evo Morales manifestó su rechazo a la independencia judicial reiteradas veces. Durante sus casi 14 años en el poder, la fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían estar motivados por razones políticas”, señala el informe.

BD/ML