Human Rights Watch califica de “desvarío” la aprehensión de juez Huacani

Brújula Digital |26|05|20|

El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó el martes como un “desvarío” la actuación del Gobierno que la tarde del viernes ordenó, sin orden de un fiscal, la aprehensión del juez Hugo Huacani cuando este se disponía instalar la audiencia cautelar con los procesados por los 170 respiradores, adquiridos supuestamente con sobreprecio.

“El gobierno de Bolivia admite que ordenó el arresto de un juez ´en flagrante´ tras decretar una liberación condicional. Por esa lógica, podrá encerrar a todo juez que emita una decisión que no le guste siempre que actúe velozmente para agarrarlo ´en flagrante´.  Un desvarío”, observó Vivanco, a través de su cuenta en Twitter.

De esta manera, Vivanco se refirió a un comunicado del Ministerio de Gobierno, publicado el domingo, en el que admite que fue esa la instancia que ordenó la aprehensión del juez Huacani y justificó el hecho indicando que actuó contra la autoridad judicial “por la presunta comisión de delitos” al haber “una posible parcialización en un caso de cesación a la detención preventiva”.

En su tuit, Vivanco sostiene que la “lógica” por “encerrar a todo juez que emita una decisión que no le guste” al Gobierno incurre en privar de la libertad  a todo juez que dicte fallos que no son del agrado del Ejecutivo.

El juez Huacani fue aprehendido por la Policía el viernes a través de una acción directa y sin orden fiscal, ni la de un juez. Ante la negativa del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia de haber emitido orden de aprehensión o denuncia, y al hacerse develado el formulario de denuncia hecho por la cartera de Gobierno, a través de un comunicado salieron a justificar que la Policía actuó ante un delito “cometido en flagrancia”.

Hay preocupación por el caso

La organización internacional Fundación para el Debido Proceso (DPLF) expresó el lunes su preocupación por la afectación a las garantías de independencia que tienen los jueces en la región, y en específico se refirió al juez Huacani, quien estuvo privado de su libertad antes de oficiar la audiencia cautelar por el caso respiradores.

Según la Fundación, el caso de Huacani como otros similares en la región “podrían tener un efecto adverso y promover que las y los juzgadores se abstengan de decretar medidas alternativas a la detención preventiva por temor a ser suspendidos o removidos de sus cargos”, según reporte de Erbol.

El juez Huacani debió realizar la audiencia de medidas cautelares el viernes, pero el ingresar al recinto judicial fue detenido. El Ministerio de Gobierno, quien hizo la denuncia que derivó en la detención del juez, argumentó que había una posible parcialización, debido a que había dado libertad a una persona procesada.

La DPLF señaló que, si existieran observaciones al contenido de sus resoluciones, éstas deben ser recurridas por las partes usando los medios impugnatorios propios del proceso penal. Indicó que los jueces y juezas no pueden ser suspendidos, removidos de sus cargos ni separados de las causas que tramitan, a menos que sea como consecuencia de una sanción emitida por autoridad competente, tras un proceso que respete el principio de legalidad y las garantías del debido proceso.

“Tampoco pueden ser criminalizados/as ni amenazados/as con el uso de mecanismos disciplinarios por el contenido de sus decisiones, ni por exigir condiciones de servicio adecuadas que protejan su salud y las de los usuarios y usuarias del sistema”, agrega.

Llamó a que los juzgadores deban ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas provenientes de la propia institución judicial (independencia interna) o de los poderes ejecutivo y legislativo u otros actores políticos y sociales (independencia externa).

“En la situación excepcional de la pandemia, es fundamental reconocer a la justicia como servicio esencial, acatar las decisiones judiciales, y brindar protección especial a los operadores de justicia para que de manera independiente ejerzan su función de controlar y tutelar los derechos y libertades”, declaró Ursula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF. Exhortó a los gobiernos de la región a adoptar medidas para la protección de la independencia judicial durante la pandemia.