Gobierno postula una reforma judicial "del pueblo" ¿cuáles son los ejes?

Brújula Digital |08|12|2021|

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que en el mes de marzo de 2022 se realizará una Cumbre Judicial para consolidar una reforma judicial "del pueblo, de la gente" y no "cuatro personas con sesgo político".

La demanda de una reforma judicial de organismos internaciones como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas apunta a que el sistema judicial en Bolivia tenga independencia politica del que carece actualmente.

No obstante, el Gobierno puso en marcha encuentros departamentales para realizar diagnósticos y recoger "recomendaciones" de los sectores que participan en esos cónclaves.

"Lo ha anunciado el presidente Luis Arce en su informe presidencial y este es el compromiso que tenemos, una reforma judicial que deje de ser algo de cuatro personas y que tenga sesgo de ser solamente un trabajo político; esta reforma es del pueblo, es de la gente, es de todos los que están afectados por actos de injusticia" afirmó ayer el ministro Lima.

La respuesta de Lima surge después de que abogados independientes y políticos de la oposición plantearon lineamientos para una reforma judicial al margen de una influencia política. Uno de los abogados impulsores de Juan Del Granado, constitucionalista y exalcalde de La Paz.

El fin de semana, la autoridad confirmó que en marzo de 2022 se desarrollará la cumbre judicial para definir la ruta de la reforma judicial, con base en los insumos de las recomendaciones realizadas por el GIEi y el CAT, y el diagnóstico realizado por el Ministerio de Justicia en los encuentros departamentales que organizó.

"Vamos a escuchar al país, para terminar el mes de marzo con base en las recomendaciones internacionales que nos urgen para transformar la justicia en una cumbre nacional" explicó Lima.

El informe del GIEI entregado en agosto señala que en Bolivia la justicia no es independiente y se abusa de la detención preventiva como medio de coacción.

"La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa" se lee en el documento.

Asimismo, el grupo de expertos que investigó la violación de derechos humanos y muertes durante la crisis política de 2019 destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son recientes. "El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad".

No obstante, el Ministerio de Justicia hizo una interpretación de las recomendaciones y sistematizó en los siguientes ejes las tareas encomendadas por ese organismo: Balanceo del conflicto (distribución uniforme y estratégica de jueces en el país); acceso a la justicia (promover que la población acceda a la justicia en igualdad de condiciones); independencia judicial (promover y fiscalizar procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público.

BD/JCV