García-Sayán: Caso Añez pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia

Brújula Digital |25|05|22|

El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, advirtió en su informe final que el caso de la expresidenta Jeanine Añez pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia en Bolivia.

Este informe, de 20 páginas, fue conocido en esta jornada y es el resultado de una visita que realizó García-Sayán entre el 15 y 22 de febrero, lapso de tiempo en el que se reunió con diferentes autoridades y representantes para elaborar un diagnóstico de la Justicia en Bolivia.

García-Sayán, en su informe final, en el acápite “Obstáculos a un sistema judicial independiente e imparcial” e “injerencias”, se refiere a los dos procesos judiciales que enfrenta la expresidenta Jeanine Añez, al caso “golpe de Estado I”, en el que se la acusa de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y al caso “golpe de Estado II”, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La exmandataria actualmente ya cumplió una detención preventiva, por ambos casos, de más de un año y dos meses. Está privada de libertad en el penal de Miraflores de La Paz. 

“Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad”, sostuvo García-Sayán al referirse a Añez.

Además, el relator de la ONU hizo referencia al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos en 2019. Indicó que comparte varias de las recomendaciones referidas a la administración de justicia.

Indicó, por ejemplo, que en ese informe del GIEI se observó con preocupación la existencia de tipos penales ambiguos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. En este caso, son cuatro de los cinco delitos por los que es procesada Añez.

En marzo de este año, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó del ordenamiento jurídico boliviano el delito de sedición.

Actualmente, está en trámite un recurso de inconstitucionalidad en contra de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, el mismo que fue presentado por la defensa de la exmandataria ante el TCP.

Además, García-Sayán destacó la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.

BD/JJC