Fiscalía y Policía citarán a más autoridades y militares por muertes en Sacaba y Senkata

Brújula Digital |25|11|20|

Tras la aprehensión del general de Brigada Aérea Alfredo Cuéllar por las muertes registradas en Sacaba en noviembre de 2019, durante los conflictos poselectorales, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Alberto Aguilar, reveló que la Fiscalía y la Policía tienen un cronograma de declaración de otras autoridades y militares por este caso y los decesos registrados en Senkata, El Alto.

“Todo tiene un programa de investigación que viene realizando la Policía conjuntamente el Ministerio Publico, ya se tiene un cronograma de trabajo que no puedo adelantar para no obstaculizar las investigaciones que vienen realizando ambas instituciones”, respondió Aguilar cuando fue consultado por Unitel respecto a la previsión de otras declaraciones de militares en las pesquisas por los decesos que hubo el año pasado. “Esto está bajo la dirección funcional de la Fiscalía, harán convocatorias también para que presten declaraciones determinadas autoridades”, agregó.

En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata, para rechazar la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. En Sacaba fallecieron 12 personas y otras 125 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.

Tras esas intervenciones, autoridades gubernamentales, de la Policía y de las Fuerzas Armadas aseguraron que las muertes se dieron por disparos hechos desde los mismos sectores movilizados. Incluso dijeron que sus vehículos oficiales recibieron el impacto de proyectiles de armas de fuego. 

Aguilar acotó que el Ministerio Público convocará a otros uniformados para que brinden sus declaraciones sobre ambos hechos violentos. Al referirse a la declaración del general Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba, indicó que éste aseguró que fue “el quinto hombre en la cadena de mando, que él no fungía como un militar de operaciones porque estaba en el Centro Estratégico de Operaciones, por lo que indicó que cumplía una labor administrativa”.

La tarde del martes, Cuéllar se presentó a declarar ante la Fiscalía, instancia que posteriormente ordenó su aprehensión por el delito de asesinato. El jefe militar fue llevado a celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar para que un juez defina la situación legal en la que enfrentará el proceso judicial en su contra.

El abogado Edwin Paredes, defensa de Cuéllar, rechazó las acusaciones en contras del jefe militar. “Él solamente ha cumplido funciones administrativas, nunca ha tomado decisiones de operación. Necesariamente vamos a demostrar en el transcurso del proceso ello. Han determinado su aprehensión preventiva, vamos a prepararnos para la audiencia”, declaró.

La esposa de Cuéllar aseguró que el jefe militar estaba tranquilo porque “el que nada tiene, nada teme”. Rechazó la acusación de asesinato que señaló el Ministerio Público a su pareja.

La investigación en la justicia ordinaria de estas muertes se da cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el lunes la investigación de este caso. Este grupo está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer.

Además, el canciller Rogelio Mayta, durante el inicio de la labor del GIEI-Bolivia, advirtió que “tenemos expertos internacionales porque lastimosamente nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía”.

BD/JJC