Fiscalía y Gobierno se acusan de no dar curso a aprehensiones de autores de bloqueo de caminos

Brújula Digital |18|09|20|

El Gobierno y el Ministerio Público deslindan responsabilidad y se acusan mutuamente de no dar curso a la aprehensión de cinco personas que fueron identificadas como responsables del bloqueo nacional de caminos de 12 días que tuvo lugar en agosto de este año.

Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron entre el 3 y 14 de agosto un bloqueo de caminos para rechazar la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, una decisión que, a pesar de esa movilización, fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para alejarlo del pico que alcanzará la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país. La protesta que duró 12 días, causó la muerte de unos 40 pacientes por COVID-19, por falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a hospitales por el corte de vías, según informes extraoficiales del Gobierno. Además, las pérdidas económicas que dejó sobrepasaron los $us 1.000 millones, según el Ministerio de Economía.

El 20 de agosto, Lanchipa informó que, por este bloqueo de caminos, se recibieron 33 denuncias en contra de actores sindicales, políticos y cívicos por diferentes tipos penales como delitos contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir, difusión e incitación al racismo y otros.

El jueves, el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, denunció que la Fiscalía no emitió las órdenes de apremio en contra de los responsables de esa movilización. “La Policía no tiene hasta este momento ninguna orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. No ha llegado hasta hace una hora ninguna orden de apremio”, aseguró.

No obstante, el martes, Lanchipa dijo que la Policía estaba encargada de dar curso a las cinco capturas. “Las cinco órdenes de aprehensión contra estas personas, que han sido identificadas, fueron entregadas a la Policía Nacional, sin embargo, estas aún no han sido ejecutadas; entiéndase que es competencia de esta institución la ejecución de estos mandamientos de aprehensión, por lo que aún estamos a la espera de recibir los informes correspondientes de ejecución”, dijo por entonces.

El 4 de septiembre, la Procuraduría General del Estado, en nombre del Estado boliviano, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede La Haya (Holanda), una demanda contra el expresidente Evo Morales, y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, y de los cocaleros del Chapare, Leonardo Loza, por “los delitos de lesa humanidad por actos inhumanos”, que habrían sido cometidos durante el citado bloqueo de caminos.

En esa oportunidad, el procurador fue recibido en audiencia oficial por la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, a quien presentó la denuncia en representación jurídica del Estado Boliviano en contra de Morales, “prófugo de la justicia boliviana, por el delito de lesa humanidad por actos inhumanos”.

La Procuraduría informó que los delitos de “lesa humanidad” se dieron durante los “cercos en las diferentes ciudades del país y bloqueo de carreteras, que durante más de 10 días impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos”, en plena pandemia por el coronavirus, y “esta situación provocó el sufrimiento de poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos 40 pacientes por la falta de atención médica”.

BD/JJC