Exfuncionario judicial denunció que fue obligado a manipular sistema informático para favorecer a Lanchipa

Brújula Digital |10|09|20|

La paralización del sistema informático por tres minutos fue suficiente para direccionar una acción de libertad presentada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora fiscal general, Juan Lanchipa, a un determinado juez que falló a su favor para que siga en carrera al máximo cargo del Ministerio Público en 2017, reveló este miércoles Martín Camacho, abogado del “testigo clave”, en el marco de la denuncia penal contra Lanchipa y otros funcionarios judiciales.

“Este cierre se produce en un lapso de tres minutos en el que se presentan dos acciones de libertad, una que primero fue retirada porque no entra en el lugar donde querían que entre y posteriormente, una segunda que sí fue sorteada luego del cierre, al lugar donde querían que se resuelva”, informó a Correo del Sur el abogado Camacho.

El exjefe de informática del TDJ de La Paz declaró este miércoles en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, donde denunció que habría sido presionado para cerrar el sistema de sorteos y así dirigir una acción de libertad a un solo juzgado. La defensa del exfuncionario señaló que este acudió a declarar en calidad de testigo, pero la Fiscalía lo presentó como investigado e imputado dentro de este caso, cuya investigación recién inicia para el Fiscal General y otros funcionarios judiciales.

El exfuncionario denunció el martes (8) que fue obligado a manipular el sistema informático del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. “Como informático fui a dar de baja a los juzgados y posteriormente dar de alta, en ninguna momento, yo en mi calidad de informático, no comprendo lo que son las acciones de libertad, toda la parte jurídica, esa es la parte que no me corresponde”,  testificó el informático en una entrevista con Asuntos Centrales.

El testigo informático también afirmó que de lo que hacía no estaba enterado porque nunca llegaron a su escritorio los documentos de solicitud. “La doctora Anrriela Salazar, que era encargada distrital, el doctor Félix Pacoricona asesor, la doctora Rina Padilla, encarga de plataforma, ellos directamente me indicaron que me iban a hacerme llegar documentos, los oficios, para justificar las altas y bajas de juzgados, pero pasado este tiempo, en el momento que estaba trabajando y pasado algún tempo, yo pedía a las autoridades que me pasen los informes para justiciar las bajas, pero en ese momento nunca llegaron dicho informes, entonces por eso que hubo una denuncia sobre eso, hice un informe indicando quienes habían intervenido con instrucción directa”, añadió.

Su abogado reveló que en 2018 el  exfuncionario sentó denuncia por este hecho en el Consejo de la Magistratura, pero las autoridades no instruyeron el inicio de una investigación y al contrario, lo destituyeron del cargo.

Camacho explicó que funcionarios judiciales de La Paz, que ya están identificados en el proceso, habrían obligado a su defendido a cerrar el sistema de sorteos para direccionar todas las acciones de libertad a un solo juzgado, sin explicaciones, pese a que el funcionario pidió una justificación.

60 días para investigar la denuncia

El Ministerio Público en Chuquisaca amplió por 60 días el plazo de la investigación preliminar de la denuncia por presunta manipulación informática, en contra de Lanchipa y otros funcionarios judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en ese plazo, tomará la decisión de imputar o archivar la denuncia.

La determinación se tomó después de la declaración del exjefe de Informática del TDJ de La Paz, Edgar Miranda. El fiscal Daniel Fernández, miembro de la comisión de fiscales, informó a Correo del Sur Digital que se determinó ampliar el plazo de la investigación preliminar debido a la complejidad del caso por el número de personas denunciadas y porque la documentación sobre estos hechos se encuentra en La Paz.

Explicó que, según el procedimiento penal, la etapa preliminar de investigación es de 20 días y puede ser extendida hasta 60. En ese plazo, el fiscal debe pronunciarse respecto al hecho investigado. “Hay dos formas correspondientes: una, el rechazo, y otra, la imputación; eso se tomará en cuenta una vez concluyan las investigaciones de la etapa preliminar y veamos los elementos de prueba”, enfatizó.

BD/RED