El MAS ha realizado siete intentos serios de amordazar a la prensa

Brújula Digital |07|04|23|

Mario Marañón Albarracín

Los intentos de acallar a medios de comunicación y a periodistas en Bolivia tienen antigua data, es algo que se ha producido prácticamente desde el inicio de la República. En tiempos más recientes, fueron los gobiernos dictatoriales de Hugo Banzer y Luis García Meza los que censuraron a medios de comunicación, persiguieron y asesinaron a quienes denunciaban actos de narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos, como sucedió con el jesuita Luis Espinal, director del periódico Aquí, o de Marcel Quiroga Santa Cruz, que escribía editoriales y columnas de opinión.

Tras la recuperación de la democracia continuaron las arremetidas contra la prensa y fue el entonces senador de ADN, Mario Rolón Anaya, quien propuso derogar la Ley de Imprenta y penalizar la labor de medios de comunicación y periodistas con el pretexto de que se trataba de una norma muy antigua.  

El planteamiento de Rolón Anaya, quien también fue canciller de Luis García Meza, se dio como reacción de denuncias de corrupción en el Legislativo y el gobierno de Víctor Paz, que estaba aliado con Banzer.

Durante los sucesivos gobiernos de la vida democrática se presentaron varios proyectos de ley con el propósito de hacer desaparecer la Ley de Imprenta y encontrar motivos para clausurar medios de comunicación y encarcelar a periodistas.

Sin embargo, son los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce los que embistieron con mayor fuerza contra la prensa. Con esas amenazas tratan de amordazar la tarea de denunciar casos de narcovínculos, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Haremos un repaso de los proyectos de ley que el MAS presentó para abolir la libertad de prensa y enjuiciar a periodistas.

1) Ley de “acceso” a la información pública. A principios de éste año el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la reposición del proyecto de Ley denominada de “Acceso a la Información Pública” que fue propiciada el 2013 por la exministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, y que está guardada por el Gobierno para ser aprobada por el Legislativo.

En ese año, Suxo trató de convencer a la Asociación de Periodistas de La Paz y a la Federación de la Prensa de La Paz de las “bondades” de la ley. Sin embargo, claramente dicha norma establecía artículos en los que periodista podían ser juzgados por la vía penal, eludiendo de esa forma la Ley de Imprenta, por informar de ciertos temas.

Dicho proyecto de Ley restringía información de 12 sectores, entre ellos aquella que pusiera en riesgo la seguridad o defensa del Estado y la que se encuentra en proceso hasta tener una conclusión como las referidas a salud, intimidad o privacidad de las personas, todos sujetos a sanción punitiva en caso de incumplimiento. Esa norma es la que quiere ser repuesta por el gobierno.

2) Ley de “transparencia”. Se debe recordar que en el gobierno de Evo Morales quiso imponer también el proyecto de Ley de Transparencia. Trabajada desde 2010, planteaba ocho restricciones informativas en el artículo 42 y abría una gama de restricciones en la información sobre la Policía, Fuerzas Armadas, Órganos del Estado y Procuraduría.

3) Ley de información responsable. También el gobierno del MAS intentó en 2017 introducir en el Legislativo el proyecto de Ley de “Información Responsable” y así censurar a los periodistas y los medios de comunicación y aplicar el Código Penal para encarcelar a quienes publicaran o difundieran noticias que no le convenía a esa gestión.

4) Ley de ganancias ilícitas. Durante el gobierno de Luis Arce, en septiembre del 2021, se presentó y aprobó en el Legislativo la Ley de Ganancias Ilícitas, que fue rechazada y provocó manifestaciones de varios sectores, entre gremialistas, choferes, empresarios y otros. Ello obligó a dejar pendiente su promulgación y quedó archivada. Pero ahora, mágicamente, vuelve a resurgir después de más de un año con el objetivo principal de criminalizar a medios de comunicación y periodistas.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en marzo del 2022 informó que el Gobierno elabora nuevamente el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. “Recuerdan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas (...), ahora hemos repuesto el proyecto en Udape y Conape y pronto va a haber el trabajo con la Asamblea Legislativa para cumplir con este mandato”, afirmó el ministro Lima.

Ese proyecto señala en el artículo 11 (Exención de secreto o confidencialidad). “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.

5) Pedidos de violar el secreto de fuente. Se debe recordar también casos en los que jueces y fiscales, en los casos denominados “Golpe I” y “Golpe II”, así como tras publicaciones de corrupción, narcotráfico y otros delitos, intentaron convocar a periodistas para que revelaran sus fuentes de información, incluso con las amenazas de prisión.

En ese sentido, el procurador Wilfredo Chávez, tras divulgarse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció que en 2019 el gobierno de Evo Morales realizó ejecuciones extrajudiciales a supuestos terroristas en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, demando levantar el secreto de la fuente, en franca violación a la ley.

6) Pedidos del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales del MAS, demandó la elaboración de una Ley de Comunicación y rechazó el “nefasto papel de los medios de comunicación alineados y de propiedad de la derecha” en otro intento por conculcar la libertad de expresión y de prensa.

7) Proyecto de ley 305. El gobierno de Arce ahora propone otra ley que amordaza a los medios de comunicación y a periodistas, se trata del proyecto de ley 305, que en su parágrafo III del artículo 281 Septies (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación) señala que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

El artículo en cuestión reinstala la polémica de 2010 cuando se aprobó la ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Entonces, el gobierno de Morales pretendía quitar licencias de funcionamiento o clausura a los medios que incurran en racismo y discriminación.

Actualmente, los periodistas y trabajadores de medios de comunicación deben ser juzgados mediante Tribunales de Imprenta, según la ley que rige al trabajo del periodismo. No pueden ser juzgados en tribunales ordinarios por hechos producidos en el accionar de su profesión. Eso lo quiere cambiar el gobierno. Para evitar las críticas.

Mario Marañón Albarracín es periodista.