Destituyen a procurador general del Estado por intentar frenar transferencia de acciones de Ende a privados

Brújula Digital |18|09|20|

El Gobierno destituyó este viernes al procurador General del Estado José María Cabrera y en su lugar designó a Alberto Javier Morales Vargas porque supuestamente la exautoridad intentó frenar la transferencia de acciones de la estatal Empresa Nacional de Electrificación (Ende) a manos privadas, además porque exigió al ministro de Gobierno Arturo Murillo documentación por la compra de gases lacrimógenos.

“En mi condición de procurador general del Estado en ejercicio, respetamos este decreto presidencial 4345 (sobre la destitución de Cabrera), pero con carácter previo  a hacer la transmisión del mando en la Procuraduría General del Estado. Demando que se cumpla con lo que dice el mismo decreto presidencial, que tomará el cargo con las formalidades de rigor”, dijo Cabrera.

La autoridad saliente exigió que el cambio de autoridad deba realizarse en Palacio de Gobierno, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. "Es imprescindible la posesión y juramento por parte de la autoridad que nombra, que es la presidenta del Estado boliviano a la autoridad posesionada. Luego de ello inmediatamente con alfombra roja recibiremos al procurador general del Estado designado. Mientras tanto no puede producirse la transmisión del mando", indicó.

El origen de su destitución

Cabrera informó que dos hechos antecedieron su destitución: cuestionamiento a la devolución de acciones de Ende a manos privadas y exigencia de documentación por la compra de gases lacrimógenos para la Policía Nacional. “El ministro Arturo Murillo ha desatado su furia en contra del Procurador General por la realización de dos actuaciones específicas: El primero, por los cuestionamientos a la afectación de Ende y el segundo caso o la gota que rebasó el vaso, fue mi actuación ante la Asamblea por el caso gases lacrimógenos”, dijo Cabrera a Erbol.

Explicó que ambas situaciones motivaron que Murillo “de manera furiosa le requiriese a la presidenta del Estado (Jeanine Añez) la remoción del Procurador que estaba cuestionando el incumplimiento de las funciones constitucionales del Ministro de Gobierno”.

Cabrera informó que su despacho observó el proyecto de decreto supremo del ministro Murillo, quien sin tener competencia de área, menos fundamento jurídico, intentó hacer aprobar en la instancia técnica de UDAPE y luego en el Gabinete en la “vía rápida y expedita”, la transferencia de acciones de Ende a manos privadas, lo cual hubiera causado un grave daño económico al Estado.

Durante la efeméride cívica de Cochabamba, Jeanine Añez, en la jornada del lunes 14 de septiembre, anunció la devolución de acciones a 120 mil socios de Comteco controlada por Elfec y ésta por Ende. Al día siguiente Murillo pedía a los cochabambinos que deberían agradecerle a la presidente Añez porque a partir de diciembre de este año, los socios ya podrían cobrar utilidades.

Explicó que el ministro proyectista, Arturo Murillo, tendría que haber hecho conocer sus argumentos legales para transferir las acciones de Ende. “No existe hasta el día de hoy el documento de ese decreto supremo. Ningún ministro de Estado se ha animado a firmar ese decreto que privatiza la Empresa Nacional de Electrificación (Ende)”, afirmó.

Cabrera recordó que asistió a la Comisión Mixta de la Asamblea, que investiga las compras estatales del Gobierno, para responder sobre sus acciones en el caso. Ahí, continuó, les explicó a los asambleístas que desde el 24 de junio, Murillo ha incumplido el artículo 231 de la Constitución que indica que ninguna autoridad puede denegar la cooperación de la documentación requerida por la Procuraduría.

“Han pasado cuatro meses y el ministro Murillo no ha presentado ni una sola hoja, un solo papel, para aclarar sus descargos en el caso gases lacrimógenos, algo muy distinto a la actitud del Ministro de Defensa que ha remito sendos documentos”, manifestó.

Cabrera informó que el pasado miércoles envió un segundo requerimiento que es el paso previo para la denuncia penal por los delitos de obstrucción de la justicia, incumplimiento de deberes, y de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas.

Dijo que por incumplimiento de esa obligación inexcusable, “es una cuenta pendiente que tiene Arturo Murillo con la justicia y con la ley. La justicia podrá tardar, pero tarde o temprano va a llegar. Ninguna autoridad, ninguna persona particular está por encima de lo que manda la Constitución y la ley”, manifestó.