Dan detención domiciliaria a exministro Romero y deberá pagar Bs 350.000 de fianza

Brújula Digital |18|06|20|

El exministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), consiguió el jueves detención domiciliaria, previo pago de 350 mil bolivianos de fianza.

El juez primero anticorrupción y violencia hacia la mujer, Alan Zárate, decidió revocar la detención preventiva de Romero por la detención domiciliaria, sin embargo, según su abogado, Andrés Zúñiga, el beneficio judicial para la exautoridad quedaría trunca por la elevada suma de la fianza.

Sobre la acusación de ser autor de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, el juez consideró que el hecho de que Romero no haya designado a la directora de la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), no lo hace menos responsable de los hechos irregulares en esa unidad.

El pedido de ampliación de la detención preventiva, de otros cuatro meses, que solicitó la Fiscalía fue rechazada por el juez y dijo que no existe riesgo de obstaculización por parte del acusado por la medida de detención domiciliaria a la que estará sujeto.

Romero fue enviado a la cárcel el 17 de enero de manera preventiva por la presunta corrupción en la adjudicación de contratos por más de 60 millones de dólares en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico.

Zúñiga explicó que “se ha determinado el arraigo, también la prohibición de comunicarse con las personas que han sido investigadas como testigos de la presente causa, también la prohibición de acercarse al ministerio de Gobierno, Uelicn y al viceministerio de Transparencia”.

El juez Zárate, que concedió el jueves detención domiciliaria a Romero, fue denunciado el martes por el abogado Bernardo Zelaya, defensor de las víctimas de presuntos cobros irregulares realizados por el alcalde de Yanacachi, Juan Cossío, de favorecer a la autoridad edil con la presunta manipulación del sorteo informático para que sea él quien atienda el caso.

Zúñiga reclamó que se limite el derecho de la libertad de su defendido, que “tanto le costó conseguir”, con esa decisión sobre la cual aseveró que no tiene coherencia, incluso tomando en cuenta que no se pudo comprobar un daño económico al Estado en el caso que se investiga. Dijo que pedirá la complementación del fallo judicial y posteriormente la apelación, para lograr la libertad de su defendido.

La detención preventiva del exministro tenía un plazo de cinco meses, por lo cual se consideró su libertad en una audiencia realizada de manera virtual este jueves. Zúñiga denunció que en el penal de San Pedro, donde estaba el exministro, se “bajó la palanca” de electricidad y se impidió que Romero ejerza su derecho a la palabra.

La decisión del juez se conoció después por escrito. Además de la detención domiciliaria y la fianza, el exministro recibió arraigo, prohibición de contactarse con otras personas involucradas en la investigación, prohibición de acercarse a la Uelicn, ministerio de Gobierno, viceministro de Transparencia y, además, la orden de que se presente cada 15 días en la Fiscalía.