Comisiones calificadoras esperarán notificación formal sobre anulación de las judiciales para adoptar decisiones

Brújula Digital |30|04|24|

Los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural adoptaron la noche de este martes esperar la notificación formal de la Sala Constitucional Primera de Pando, sobre la anulación de la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales, con el fin de adoptar decisiones que hagan respetar a la Asamblea Legislativa su carácter de sancionar normas.

“Más allá de los enfados, de las posiciones y los discursos acalorados ha primado el razonamiento a efectos de tomar una decisión. Para emitir un informe a la Asamblea Legislativa, requerimos contar con las resoluciones de los amparos constitucionales y la decisión sobre la acción popular por responsabilidad con la Asamblea y el pueblo, pero sobre todo por una garantía de que este proceso tenga que concluir satisfactoriamente, conforme lo que establece nuestra Constitución”, informó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui.

La acción popular contra las elecciones judiciales fue impulsada por una exdiputada del MAS y una vocal de la Sala Constitucional Primera de Pando –que candidateó por ese partido a diputada en 2020– anuló este viernes dichos comicios que estaban previstos para este año.

Yeny Dury Bautista, exdiputada suplente del MAS, presentó la acción popular contra de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales. Bautista no era candidata a las judiciales, pero utilizó el nombre de una postulante inhabilitada, Mineya Lucindo Nacimento, para sustentar su demanda.

Celsa Salazar Rodas, que fue candidata a diputada por el MAS en 2020, ahora es vocal de la Sala Constitucional de Pando, anuló este viernes las elecciones judiciales al darle tutela a Bautista.

La senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame cuestionó la legalidad de la determinación de la Sala Constitucional de Pando y la acusó de actuar por encima de la Constitución, porque anula no solo el proceso de preselección sino la propia Ley 1549.

“Estamos ante un atentado contrala Asamblea Legislativa, por tanto, tenemos que exigir que continúe este proceso (de preselección de candidatos), porque no solo va a ser las elecciones (judiciales) sino que cada vez que alguien se sienta afectado en sus derechos va a hacer una acción y decir que se inaplica la ley que sacó la Asamblea Legislativa. ¡No!, nosotros tenemos la obligación de hacer respetar la institución”, dijo Salame.

La senadora Andrea Barrientos de CC sugirió iniciar un proceso por prevaricato a los vocales de la Sala Constitucional Primera de Pando, Jorge Luis Sotelo Beltrán y Celsa Salazar Rodas que dieron curso a la acción popular.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, informó que se irá elaborando el informe sobre los 18 amparos resueltos y luego se incluirá la resolución de la sala constitucional de Pando, para que la Asamblea Legislativa defina si el proceso de preselección continuará o no.

El proceso de preselección de los candidatos judiciales estaba en su última fase de exámenes orales. Fue paralizado el 16 de abril, como efecto de una medida cautelar que dispuso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz al admitir un amparo presentado por la inhabilitada aspirante al Consejo de la Magistratura, Margarita Medrano.

La Ley 1549 dio un plazo de 80 días a la Asamblea Legislativa para cumplir con todo este proceso de preselección de candidatos. Inició el 17 de febrero con la publicación de la convocatoria y debía concluir con la remisión de la nómina de postulantes preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral el 6 de mayo.

BD/RED