Bolivia tiene hoy la oportunidad de cerrar un ciclo de persecución política y de reconstruir la credibilidad de sus instituciones. El derecho internacional de los derechos humanos ofrece el camino. Corresponde ahora a la voluntad política decidir si el país está dispuesto a recorrerlo.
Brújula Digital|27|03|26|
Karen Longaric, Jaime Aparicio
En ciertos momentos de su historia, los Estados se ven obligados a mirarse en el espejo del derecho internacional. No para exhibir virtudes, sino para reconocer errores y asumir responsabilidades.
En América Latina, uno de los instrumentos más relevantes –aunque no exento de derivas ideológicas en los últimos años, para interpretar y hacer cumplir la Convención Americana o Pacto de San José– ha sido el sistema interamericano de protección de derechos humanos, articulado en torno a la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno democrático de Bolivia se encuentra hoy ante una oportunidad histórica: la de reconocer la responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia por las violaciones sistémicas y sistemáticas de derechos humanos cometidas durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y abrir así un proceso de reparación integral con las víctimas de persecución política. No se trata de un gesto de debilidad estatal; por el contrario, se trata de un acto de fortalecimiento institucional y de restauración del Estado de Derecho.
La experiencia comparada demuestra que este camino es posible. Durante la década de 2000, el Estado peruano emprendió un proceso de reconocimiento de responsabilidad internacional en varios casos tramitados ante el sistema interamericano. Bajo la conducción del entonces canciller Diego Garcia Sayan, Perú decidió abandonar la estrategia defensiva que había caracterizado su relación con el sistema durante los años autoritarios y optó por asumir públicamente las violaciones cometidas en el pasado. Ese giro permitió alcanzar acuerdos amistosos y soluciones consensuadas con víctimas de graves abusos ocurridos durante el régimen de Alberto Fujimori.
Aquella política no debilitó al Estado peruano; al contrario, lo reposicionó como un actor respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos. Reconocer errores institucionales, reparar a las víctimas y reformar estructuras estatales no es una concesión; es la esencia misma de la responsabilidad internacional.
Bolivia enfrenta hoy un desafío ético comparable. Durante casi dos décadas, la vida pública fue progresivamente sometida a una judicialización expansiva que erosionó el pluralismo democrático. La disidencia política dejó de ser una expresión legítima para convertirse, en numerosos casos, en objeto de persecución penal.
A través de la Ley 004, el poder punitivo del Estado operó mediante tipos penales imprecisos y abiertos, susceptibles de interpretaciones discrecionales por parte de los ministros de justicia, procuradores, jueces, magistrados del TCP, fiscales, abogados y otros agentes estatales del MAS. Este patrón de persecución judicial. permitió instrumentalizar la justicia para criminalizar a adversarios políticos y periodistas por razones ideológicas, y a empresarios con el propósito de despojarlos de sus empresas.
El principio de legalidad, núcleo del derecho penal en toda sociedad democrática, exige que las conductas prohibidas estén definidas de manera clara, precisa y previsible. Cuando el derecho penal se construye sobre normas vagas y su aplicación depende de la voluntad política de las autoridades de turno, el sistema judicial deja de ser un garante de derechos para convertirse en un instrumento de dominación.
Ese riesgo se agrava cuando el poder político ejerce influencia sobre un aparato judicial debilitado por décadas por la corrupción estructural. Diversos informes internacionales han señalado la fragilidad de la independencia judicial en Bolivia. En ese contexto, la utilización del sistema penal contra opositores no puede ser considerada simplemente como una desviación ocasional; constituye una violación sistemática de garantías fundamentales protegidas por la Convención Americana.
Numerosos procesos penales iniciados por el MAS durante los últimos 20 años comparten características preocupantes: acusaciones basadas en tipos penales indeterminados, investigaciones prolongadas sin garantías procesales suficientes y una utilización estratégica de la justicia penal como mecanismo de presión política.
Para muchas personas, la mera apertura de un proceso judicial significó la destrucción de su reputación, de su patrimonio y, en numerosos casos, de sus proyectos de vida. La justicia, cuando se transforma en instrumento de venganza política, pierde su legitimidad moral. Y cuando el poder político controla jueces y fiscales, mientras manipula leyes penales vagas, la justicia simplemente deja de existir.
El sistema interamericano ofrece una vía institucional para enfrentar esta realidad. La CIDH y la Corte han desarrollado, a lo largo de décadas de jurisprudencia, mecanismos que permiten a los Estados reconocer violaciones, reparar a las víctimas y adoptar garantías de no repetición.
Sin embargo, en la práctica, ningún acuerdo es viable sin un reconocimiento explícito de responsabilidad internacional del Estado. Este reconocimiento puede ser parcial o integral, pero debe admitir que el Estado violó derechos protegidos por la Convención. A partir de ese reconocimiento, las partes negocian las medidas de reparación: indemnizaciones, rehabilitación de las víctimas, medidas simbólicas de reconocimiento, reformas institucionales y garantías de no repetición.
Lejos de ser un procedimiento excepcional, este mecanismo ha sido utilizado con éxito por numerosos Estados latinoamericanos. Chile, Perú, Colombia y México han recurrido en diversas ocasiones a soluciones consensuadas para cerrar capítulos dolorosos de su historia reciente.
Bolivia podría seguir ese camino
El nuevo gobierno democrático de Rodrigo Paz tiene la posibilidad, y la responsabilidad, de reconocer que durante los últimos años el aparato judicial fue utilizado para perseguir a opositores políticos, a empresarios y a sectores críticos de la sociedad. Ese reconocimiento no implica renunciar a la justicia; implica, por el contrario, restaurarla.
El primer paso sería abrir un proceso amplio de diálogo con las víctimas de persecución judicial. El segundo, comunicar a la CIDH la voluntad del Estado de explorar soluciones consensuadas basadas en el reconocimiento de errores institucionales. El tercero, diseñar un programa integral de reparaciones que incluya también reformas estructurales del sistema judicial.
La reforma judicial, en ese contexto, deja de ser una consigna política para convertirse en una exigencia jurídica ineludible y un compromiso internacional. Las democracias se fortalecen cuando son capaces de reconocer sus propios fracasos, negarlos solo prolonga la injusticia. Bolivia tiene hoy la oportunidad de cerrar un ciclo de persecución política y de reconstruir la credibilidad de sus instituciones. El derecho internacional de los derechos humanos ofrece el camino. Corresponde ahora a la voluntad política decidir si el país está dispuesto a recorrerlo.
Karen Longaric R. fue canciller de Bolivia; Jaime Aparicio O.fue embajador de Bolivia ante la OEA.
