Sin reconocimiento institucional, sin mecanismos de reparación y sin una reforma que ataque las causas estructurales, el riesgo no es solo la impunidad del pasado, sino la permanencia del mismo modelo.
Brújula Digital|25|03|26|
Diálogos al café
Uno de los temas más complejos –y estructuralmente irresueltos– de la Bolivia contemporánea, es la persecución política a través de la justicia. Diálogos al Café Marcos Escudero abordó el tema con la participación del diputado Carlos Alarcón, y de los perseguidos políticos Guido Añez y Mario Cossío. El espacio trascendió la denuncia para analizar cómo se consolidó este fenómeno, por qué logró sostenerse durante casi dos décadas y qué condiciones son necesarias para desmontarlo.
Desde el inicio, el diálogo dejó una premisa clara: no se trata de casos aislados ni de distorsiones circunstanciales, sino de un patrón sostenido en el tiempo. A partir de tres preguntas eje –cómo detener la instrumentalización de la justicia, en qué consiste una respuesta legal estructural y qué rol puede hacer para reparar los daños– se trabajó en el diagnóstico, la experiencia directa y propuestas concretas. Quedó claro que el problema no es jurídico, sino profundamente político.
Cómo se construyó la persecución
Uno de los consensos más claros del encuentro fue que la persecución política en Bolivia responde a un diseño estructural. Durante los últimos veinte años, el sistema judicial fue subordinado a una lógica de poder orientada a neutralizar la disidencia, eliminando en la práctica cualquier noción de independencia institucional.
En este contexto, la ley dejó de operar como garantía de derechos para convertirse en un mecanismo de presión. Procesos armados, jueces sin independencia real y fiscales funcionales a intereses políticos configuraron una dinámica en la que el adversario no solo debía ser derrotado políticamente, sino expulsado del sistema mediante la judicialización.
El elemento más relevante de esta transformación es que se produjo desde la legalidad formal. A diferencia de etapas represivas previas marcadas por la coerción directa, este modelo utilizó el aparato judicial como herramienta central, generando una apariencia de institucionalidad que permitió sostener prácticas profundamente distorsionadas.
Las pruebas vivas del abuso
Sobre esa estructura, los testimonios de Guido Añez y Mario Cossío aportaron evidencia concreta de cómo opera este sistema en la práctica. Sus experiencias reflejan patrones consistentes: procesos que se extienden por más de una década, acusaciones desproporcionadas –incluyendo delitos de lesa humanidad– y decisiones judiciales marcadas por presión política.
El exilio aparece como una consecuencia directa de la imposibilidad de acceder a garantías mínimas. No es una decisión voluntaria, sino el resultado de un sistema que convierte la defensa en una ruta inviable. A esto se suma el impacto acumulado en la vida personal, familiar y profesional, configurando una forma de castigo prolongado que va más allá de cualquier sentencia.
Lo más relevante es que estos casos no son excepcionales. La reiteración de patrones evidencia que se trata de una práctica sistemática, cuya lógica ha sido replicada en distintos momentos y contextos. Estas dinámicas no han sido desmontadas, por lo que el problema sigue vigente.
El desafío de reparar y reconstruir
Frente a este escenario, la propuesta presentada por Carlos Alarcón plantea una salida inmediata aunque dentro de la normativa vigente: una ley orientada a revisar y anular procesos penales viciados por motivaciones políticas. Según el proyectista, su valor no radica sólo en el impacto jurídico inmediato, sino en la posibilidad de establecer un precedente frente al uso indebido de la justicia.
Sin embargo, el debate evidenció que esta iniciativa debe entenderse como parte de una respuesta más amplia. La anulación de procesos es un paso necesario, pero no suficiente. El desafío real pasa por reconstruir la independencia del sistema judicial, revisar el marco normativo que permitió estos abusos y generar condiciones que impidan su repetición.
En ese sentido, también emergieron propuestas complementarias –como mecanismos de documentación sistemática o reformas institucionales más profundas– que apuntan a consolidar una respuesta integral, capaz de abordar tanto las consecuencias como las causas del problema.
Consideraciones generales
El conversatorio deja una conclusión clara: la persecución política a través de la justicia no es un episodio cerrado, sino un problema que sigue proyectándose en el presente. Las historias expuestas muestran el daño causado y la fragilidad de un sistema que todavía no ha sido corregido.
En este contexto, la urgencia es doble. Por un lado, resolver de manera rápida y efectiva la situación de quienes continúan atrapados en procesos viciados o en el exilio. Por otro, avanzar en transformaciones más profundas que permitan recuperar la independencia judicial y restablecer un equilibrio real entre poder y justicia.
Sin reconocimiento institucional, sin mecanismos de reparación y sin una reforma que ataque las causas estructurales, el riesgo no es solo la impunidad del pasado, sino la permanencia del mismo modelo. La discusión, por tanto, trasciende lo jurídico: se convierte en una definición sobre el tipo de Estado que Bolivia está dispuesta a consolidar.
