Los grandes avances tecnológicos tienen que ayudar a cambiar este mal, no podemos seguir teniendo una administración pública que solo funciona con base a coimas y ciudadanos desesperados.
Brújula Digital25|03|26|
José María Paz
El profesor emérito, Patricio Orellana ilustró, hace tiempo desde Chile, que la administración pública no es una ciencia sino más bien un arte: l arte de simplificar para servir a la gente.
La simplificación es la base de las matemáticas del alfabeto y la computación, fundamentales para el notable avance tecnológico que vivimos hoy y que, precisamente, lo que intenta hacer es simplificarnos en algo la vida.
El énfasis en la idea de simplificar se está escuchando mucho a partir de la oferta gubernamental de trabajar para eliminar el Estado tranca. Tenemos un Estado tranca porque la mayor parte de nuestra administración pública, en vez de simplificar, aplica el refrán que dice para que la vamos a hacer fácil si podemos hacerlo difícil.
Nuestra administración es excesivamente burocrática, actúa sobre la base de la desconfianza en el ciudadano; mientras que en el mundo más desarrollado se aplica el principio de buena fe, se cree en el ciudadano y solo si miente o trata de engañar a la administración le cae el peso de la ley.
Este mal diseño no es una equivocación; la estructura administrativa está malintencionadamente armada para complicar, porque de esa forma es más fácil forzar la extorción y el cohecho. Entre más difícil y complejo es un trámite, más fácil es promover una relación corrupta entre el funcionario público y el ciudadano.
La famosa coima para aceitar los procedimientos para impedir que una carpeta pase al final de la pila, o en la que dan a elegir esperar años por un trámite u obtenerlo en dos días, es algo tan común que se ve a diario.
En este artículo, nos referimos a este tipo de corrupción, tan cotidiana, que ya estamos acostumbrados a no reflexionar sobre ella, está peligrosamente normalizada en el país, las personas comentan los hechos y los pasan a su anecdotario de asuntos inevitables, lo que muestra la grave crisis ética y moral por la que pasa nuestra administración pública que se las ha arreglado para mantener una relación jerárquica de dominio y subordinación entre el poderoso funcionario y el débil administrado.
En economía y sociedad, Max Weber expresa cómo una noción mínima de democracia, la tendencia a reducir al máximo la dominación y si bien todo gobierno democrático necesita tener un nivel de autoridad e imposición de su dominio,,este se tiene que aplicar con garantías jurídicas suficientes para que no predomine la arbitrariedad o el capricho personal de malos funcionarios.
De ahí viene la idea de la burocratización racional de las instituciones que buscan atender de manera eficiente las demandas y necesidades ciudadanas. Pero la parte perversa del ingenio humano se las arregló para quitarle racionalidad, equilibrio jurídico y eficiencia a la burocracia, convirtiéndola en un concepto peyorativo que nos hace pensar en verdaderos viacrucis por los que debe pasar quien necesita atravesarla.
Existen honrosas excepciones y algunos buenos servidores públicos, pero también hay funcionarios carcamanes que sienten que sus salarios son insuficientes y ,por lo tanto, le ponen precio a su probidad. Afirman que no pueden ser honestos porque no les alcanza, la única forma de satisfacer sus inmeritorias pretensiones salariales es extorsionando a los ciudadanos que sienten que no hay otra forma de hacer las cosas y aceptan pagar (cohecho pasivo) u ofrecen pagar (cohecho activo) fomentando un círculo vicioso infinito.
Y, a pesar de que en este último tiempo han caído orondos peces gordos de la corrupción, entre ellos el hijo de un expresidente, acusado de hechos delictivos de una dimensión probablemente nunca vista por parte de un pariente tan cercano a un primer mandatario, las relaciones extorsivas que describimos aquí son muy difíciles de probar. Además, un ciudadano denunciante puede acabar más perjudicado que el extorsionador.
El hecho es que la justicia para estos casos no funciona y parece que vivimos en un mundo de corrupción, pero donde no hay corruptos. Hace varios años, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo y exfiscal de la Corte Penal Internacional caracterizó la corrupción y su relación elusiva con la justicia como un proceso de cinco círculos concéntricos.
En el primero, y más grande, están numerosos hechos de corrupción que suenan en la prensa o son un secreto a voces. En el segundo círculo, más pequeño, están los pocos casos que alguien se atreve a denunciar o son producto de alguna investigación periodística.
El tercer círculo se reduce más y ahí están los casos denunciados ante las autoridades administrativas que pueden iniciar algún proceso sumario que no termina nunca o termina en nada.
Hay un cuarto círculo donde rara vez los procesos terminan, o lo hacen de manera ambigua, por lo general con el sobreseimiento de los sospechosos. En el quinto círculo interno, el más pequeño, están los procesos que llegan a tener una sentencia definitiva que declara culpables, pero este círculo por lo general está vacío o es tan reducido que es intrascendente.
Por eso, estoy de acuerdo con lo señalado por Gonzalo Mariaca en un artículo reciente, respecto a otros círculos, una pirámide circular descubierta en Mairana, que es un modelo de participación ciudadana para vigilar al Estado, porque en los países donde se ha logrado vencer a la corrupción, el factor esencial no ha sido una justicia que opere bien, sino un efectivo control social.
El problema es que en Bolivia nunca han existido mecanismos de control social efectivo. En los últimos 20 años, una parte de ese control fue cooptado y a la otra parte no se la dejaba trabajar ni operar. Si se lograra aprobar una ley de acceso a la información pública, como una de las herramientas de la lucha contra la corrupción, hará falta que la sociedad civil se organice para solicitar información pública y ejerza control.
Mientras tanto, la relación extorsiva y corrupta entre la administración y los ciudadanos no es algo que pueda ser tomada a la ligera. Produce graves consecuencias. Ahora que hemos pasado por un proceso electoral autonómico, pensemos en la administración pública local, específicamente en las alcaldías del país y veamos la administración de una entidad del Estado distinta, pero que coordinan con ellas, las oficinas de Derechos Reales.
De estas instituciones depende que los ciudadanos consoliden su derecho a la propiedad privada. Las alcaldías con el ordenamiento territorial, la aprobación de planimetrías, validan la posesión de viviendas, la cesión de áreas verdes en trámites de urbanización, entre otras y, finalmente Derechos Reales hace el registro definitivo. En un sondeo muy preliminar realizado a arquitectos, constructores y abogados en dos departamentos del país me dijeron que no les fue posible legalizar propiedades u obtener permisos de construcción sin recurrir a las malas artes descritas aquí. Un estudio más a profundidad con sociedades de ingenieros, colegios de arquitectos y abogados que ven estos casos, seguramente serían muy reveladores.
El peruano Hernando de Soto planteó en El misterio del capital, que la falta de un sistema legal de propiedad formal disminuye el potencial económico que los activos físicos registrados legalmente tienen para generar economía. Su potencial, es, por ejemplo, obtener préstamos con garantías hipotecarias que permiten realizar inversiones y negocios.
Reconocer los derechos de propiedad adquiridos lícitamente es fundamental para mejorar la economía del país, pero en Bolivia si no se aceita, eso puede tomar muchísimos años y mucho dinero en largos trámites, por eso, la gente opta por la informalidad. Daron Acemoglu en Por qué fracasan los países, profundiza sobre la importancia de las instituciones y antes Douglas North nos instruyó sobre ellas también, aquí nos falta mucho por aprender.
Necesitamos racionalizar, simplificar y profesionalizar más a los funcionarios municipales, convertirlos en servidores públicos que cooperen con la ciudadanía, tres cuartos de lo mismo con Derechos Reales poniendo un fast track a los trámites que hacen estas y todas las entidades estatales.
Los grandes avances tecnológicos tienen que ayudar a cambiar este mal, no podemos seguir teniendo una administración pública que solo funciona con base a coimas y ciudadanos desesperados que fomentan la podredumbre del Estado tranca en el que vivimos, degradando la ética y la moral de la nación cada vez que nos acercamos a buscar servicios públicos pagados con nuestros impuestos.
José María Paz es administrador público y licenciado en ciencias políticas.
