La pérdida es finita; la duda sembrada infinita. Y por eso una economía tolera un accidente, incluso un robo, pero no un emisor que imprime duda: la moneda se devalúa primero en la mente y después en el mercado, y cuando la confianza se rompe, no se escanea: se honra.
|Brújula Digital|21|03|26|
Marco Agramont
Hay países donde el billete es un objeto humilde: pasa de mano en mano como una cucharita de azúcar, sin exigir explicaciones metafísicas. Y hay países –el nuestro, últimamente–, donde cada billete parece pedir pasaporte, certificado de buena conducta y, si se puede, una declaración jurada de inocencia firmada ante notario, como si el dinero hubiera dejado de ser instrumento para convertirse en sospechoso.
El viernes del Hércules en El Alto convirtió a la moneda boliviana en lo que nunca debió ser: un rumor. No por el accidente en sí –que ya es tragedia suficiente– sino por el efecto político más corrosivo: ese instante en que el emisor, en vez de calmar, desordena; en vez de proteger al tenedor de buena fe, lo abandona a la intemperie del tendero, del policía de esquina y del WhatsApp, esa república paralela donde la noticia corre más rápido que la verdad y la verdad llega tarde, despeinada y sin credenciales.
La frase inicial fue simple y letal: hay billetes de la Serie B (Bs 10, Bs 20 y Bs 50) que se inhabilitan. Punto. Y cuando un banco central habla así –con vaguedad de decreto escrito en servilleta– el ciudadano no oye “lote”, no oye “rango”, no oye “numeración”: oye una sentencia medieval. Y, como toda sentencia medieval, produce lo suyo: miedo y superstición.
Luego vino la rectificación: no era toda la Serie B, era, decían, el lote del avión; pero la confianza no acepta el “era broma” y la calle dictó su ley, más eficaz que cualquier circular: no recibo Serie B, por si acaso. Y para coronar la ópera, el Estado inventó una criatura absurda: el billete original “NO válido” por estar “observado”, y lo volvió trámite: un verificador donde el ciudadano teclea y reza, como si la fe pública se administrara con formularios. Así el billete dejó de ser billete y se volvió condición: verificar para existir.
En Perú, en 2005, hubo bancos y cambistas que –presas del pánico– llegaron a rechazar billetes de $us 100 “Series 2001” identificados en la jerga como “CB-B2”, como si ese código fuera lepra monetaria. Pero lo decisivo es lo que no ocurrió: Estados Unidos jamás dejó sin efecto esa serie, nunca decretó que esos billetes ya no valían, nunca convirtió el rumor en desmonetización.
Incluso cuando el Congreso habló de al menos $us 45 millones en “supernotes” detectadas, el emisor prefirió sostener la regla madre –la continuidad del billete y de la promesa– y combatir el delito con persecución y seguridad, antes que sembrar el caos de la duda sobre el dinero verdadero; porque una moneda no se defiende con pánico: se defiende con fe pública.
Ese contraste ilumina lo nuestro con una crueldad pedagógica: el golpe real nunca fue al papel, sino a la confianza. El problema de una moneda no empieza cuando la falsifican; empieza cuando el propio emisor enseña –por torpeza, por prisa o por ese vicio latinoamericano de improvisar solemnidades– que el billete auténtico puede volverse sospechoso de la noche a la mañana.
En El Alto, con la economía apretando como una mano sin uñas, ocurrió lo que ocurre en cualquier lugar cuando la oportunidad cae del cielo: la tentación de apropiarse. No es apología del delito; es negarse a esa pereza moralista que lo explica todo con “cultura”, “raza” o “educación”, como si el ser humano cambiara de especie al cruzar una avenida o al hablar aymara.
Hay escenas idénticas en todas partes: saqueos tras huracanes, rapiña tras accidentes, pillaje cuando el Estado se ausenta un minuto. No es El Alto: es la condición humana descubriendo –otra vez– que el control es frágil y que la necesidad, en tiempos de escasez, no pide permiso.
Por eso lo verdaderamente grave no es la sombra humana ante una montaña de billetes, sino el Estado comportándose como director de circo: exhibir detenidos como trofeo, insinuar coautorías imaginarias, reducir todo a policía, como si el derecho penal no fuera última ratio sino sustituto de política pública y parche de incompetencia institucional.
Cuando el gobierno convierte la tragedia en espectáculo y el castigo en propaganda manda un mensaje perverso: no importa restablecer la confianza, importa fabricar una foto, un culpable portátil, una escena de orden… y esa escena, por desgracia, dura menos que el miedo.
Y sin embargo, en medio de este teatro de billetes sospechosos y comunicados que se corrigen como quien borra una frase demasiado tarde, asoma una luz humilde –casi clandestina– que no nace del Estado, sino de la gente: el QR y la transferencia.
El boliviano, que ya no confía en la palabra oficial pero sí en la urgencia de vivir, empieza a preferir el pago que no necesita ser palpado ni verificado, el pago que no depende del capricho del comerciante ni del pánico de la fila: un código, una confirmación, una constancia.
Es el usuario quien se salva con tecnología mientras el Estado todavía debate si un billete original puede volverse “no válido”. Y ahí está la ironía: la salida no es fabricar nuevas sospechas, sino hacer del QR y la transferencia una política pública –comisiones más bajas, interoperabilidad real, conectividad para el pequeño comercio y reglas claras para el consumidor–. Si el Estado tranca la certidumbre del papel, lo mínimo decente es que destrabe y abarate el camino digital para que el ciudadano no pague, otra vez, el precio de la duda oficial.
Aun promoviendo lo digital, en un multiverso de sensatez el Estado habría hecho lo único que protege una moneda: sostener su vigencia y perseguir el delito sin humillar el signo –el billete vale, punto; lo demás se investiga y se sanciona–, porque aun si parte de ese efectivo se perdió no iba a dormirse en un altar: iba a circular.
La pérdida es finita; la duda sembrada infinita. Y por eso una economía tolera un accidente, incluso un robo, pero no un emisor que imprime duda: la moneda se devalúa primero en la mente y después en el mercado, y cuando la confianza se rompe, no se escanea; se honra.
Marco Agramont es columnista de opinión en política y geopolítica: globalización y tecnología
