Sin un White paper no tiene sentido aventurarse a poner énfasis en las formas, los enfoques y hasta en los caprichos. Todo proceso político y público requiere una hoja de ruta; de lo contrario, seguiremos edificando sobre la arena y no sobre la piedra.
Brújula Digital|20|03|26|
Vladimir Ameller
En la política, y más aún en la gestión pública, donde la tendencia predominante es hacer con los asuntos gubernamentales más politics que policy, es insoslayable formular y contar con una definición de línea de política que oriente al propio gobierno y sus ejecutores, pero también a los actores externos a él.
La Agenda 50/50, oferta electoral del presidente Rodrigo Paz, demanda con urgencia un White Paper (lineamiento de política) que exprese de forma precisa la forma en la cual explique, justifique y proponga medidas para materializar la mayor descentralización del Estado.
El White paper deberá contar con rigor técnico, por las implicaciones en las relaciones fiscales y financieras, por la complejidad de la transferencia o delegación de las competencias, por su transversalidad en la planificación y funcionamiento del Estado; pero también en lo político, por su alcance filosófico y fuertes implicancias en la gobernanza del territorio que identifique y priorice problemas específicos y proponga una solución o al menos cursos de acción sobre ellos.
A diferencia de la oferta política en la campaña electoral, no busca solo persuadir con retórica ni lograr adscripción con la narrativa; sino convencer mediante evidencia, datos y análisis técnico sobre las debilidades del “modelo” o aquello que es necesario reimpulsar para una mayor descentralización del Estado boliviano.
Ello es imprescindible porque la máxima autoridad debe ser el mayor promotor del White paper. En otras palabras: un puente entre la intención política y la implementación real; una legitimación de la máxima autoridad que evite pensar que fue una oferta electoral oportunista y sin ninguna base técnica o conceptual.
Debe ser, además, un documento pedagógico, útil para el intercambio político y modulación de posturas y posiciones regionales, evitando que nos hallemos en medio de una torre de babel.
Su ausencia no solo ha confundido a los actores políticos y regionales, sino que los ha desviado y hasta inducido al error sobre el genuino sentido de la descentralización y las posibilidades reales de un Estado fiscalmente en déficit por 12 años consecutivos.
También permitirá consolidar una oferta política sobre la cual se detone una discusión, ojalá de calidad y posiblemente de alcance inédito, en la medida en que se logre su conducción y desarrollo ordenado. Históricamente, podría ser un punto de quiebre para el Estado. Después de 20 años de adormecimiento de la descentralización y tutelaje sobre el régimen de autonomías, podría considerarse como momento estelar para una nueva ola descentralizadora, posiblemente la tercera ola en el tránsito al Estado federal.
La idea del White paper es estimular los primeros consensos sobre los cuales existan acuerdos básicos. El tema no es sencillo; se corre el riesgo de complejizar y encarecer relativamente más al régimen autonómico, provocar más duplicidades, costos de congestión que pongan en riesgo la mediocre calidad de los servicios públicos y que puedan provocar la interrupción de servicios públicos por precipitadas decisiones en la transferencia o delegación sobre el gasto y el ingreso hacia los gobiernos autónomos.
Todavía se dispone del tiempo para que el gobierno central presente su White paper que refleje la dimensión filosófica, política, administrativa y fiscal para encaminar el proceso con los alcaldes y gobernadores posesionados, quienes, a partir del mes de junio, encontrarán más caos que fórmulas mágicas para sostener sus ofertas electorales.
La transición del Estado autonómico al federal requiere de una profunda revisión que desnude las gruesas falencias de un modelo desvirtuado durante 20 años, y ojalá hallar puntos de encuentro más que de desencuentros.
Sin un White paper no tiene sentido aventurarse a poner énfasis en las formas, los enfoques y hasta en los caprichos. Todo proceso político y público requiere una hoja de ruta; de lo contrario, seguiremos edificando sobre la arena y no sobre la piedra.
Vladimir Ameller Terrazas es economista especialista en descentralización.
