Legisladores tienen variadas posiciones ante la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de equiparar los salarios de magistrados del Órgano Judicial con los de altas autoridades del Ejecutivo y legislativo.
Brújula Digital |16|03|26|
Asambleístas de distintas bancadas expresaron posturas divididas respecto al pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de nivelar los salarios de magistrados y funcionarios judiciales con los que perciben altas autoridades del Ejecutivo y de legislativo.
La propuesta fue planteada por el presidente del TSJ Romer Saucedo, quien la semana pasada presentó un paquete de proyectos de ley ante la Cámara de Diputados y señaló que los sueldos dentro del Órgano Judicial son inferiores a los de otras instancias del Estado.
La diputada Claudia Bilbao (PDC) afirmó que antes de discutir incrementos salariales, las autoridades judiciales deberían concentrarse en resolver los problemas estructurales del sistema de justicia. Según la legisladora, existen denuncias constantes y cuestionamientos en instancias como Derechos Reales, además de jueces que permanecen en funciones durante largos periodos. “Hoy día el señor Saucedo debería preocuparse en limpiar la justicia. Tenemos jueces con 18 y 19 años en funciones y denuncias continuas”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Julieta Jiménez (Unidad) consideró que el debate sobre sueldos debe analizarse con cautela y tomando en cuenta la voluntad ciudadana. “Hay que esperar la voluntad del pueblo. El pueblo es el que decide cuál es la mejor manera, si bajarse o subirse los sueldos”, señaló.
En contraste, el diputado Ruddy Pantaleón (PDC) sostuvo que el sistema judicial enfrenta limitaciones presupuestarias y que mejorar las condiciones laborales podría contribuir a fortalecer la administración de justicia. El legislador indicó que los salarios de jueces y funcionarios judiciales son bajos en comparación con la carga de trabajo que enfrentan.
“Se exige mucho al Órgano Judicial, pero lamentablemente los recursos económicos que se destinan son muy bajos”, afirmó, y añadió que, si el Estado busca una mejor administración de justicia, también debe garantizar condiciones adecuadas para los funcionarios judiciales.
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