La resolución, que consta de siete artículos, establece además que todas las peticiones de informe, interpelaciones y otros instrumentos de fiscalización deberán dirigirse a las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones, con copia al presidente Rodrigo Paz.
Brújula Digital|12|03|26|
La Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad una resolución que conmina a las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones públicas sujetas a fiscalización parlamentaria a “cumplir de forma inexcusable” las peticiones de informe escrito, oral y las interpelaciones.
“Conminar a las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones públicas sujetas a fiscalización conforme a la Constitución Política del Estado, a cumplir de forma inexcusable, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, los plazos establecidos en el reglamento general de la Cámara de Diputados para la atención de peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, interpelaciones y otros instrumentos emitidos”, se lee en el artículo primero de la resolución.
Al atender esas solicitudes, las autoridades deberán proporcionar información completa, veraz, adecuada y oportuna. Se agrega que las autoridades podrán excusarse solo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito “debidamente justificados”.
Alcance de la resolución
La resolución, que consta de siete artículos, establece además que todas las peticiones de informe, interpelaciones y otros instrumentos de fiscalización deberán dirigirse a las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones, con copia al presidente Rodrigo Paz.
La medida busca “garantizar la efectiva recepción de los instrumentos de fiscalización y asegurar el cumplimiento estricto y oportuno de los plazos establecidos en el reglamento general de la Cámara de Diputados, en el marco de las facultades de control y fiscalización que ejerce la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
El artículo tercero señala que las autoridades no podrán presentar excusas para retrasar las respuestas y deberán “cumplir estrictamente con los plazos previstos en el reglamento general de la Cámara de Diputados”.
Antecedentes
La resolución se aprobó dos semanas después de que el ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli no asistió el jueves 27 de febrero a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que debía ser interpelado por el presunto sobreprecio en la compra de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
En esa oportunidad, el viceministro de Coordinación Legislativa Wilson Santamaría sostuvo que Medinaceli no asistió porque la convocatoria a sesión lanzada por el presidente nato de la ALP, el vicepresidente Edmand Lara, no siguió el procedimiento adecuado.
El miércoles 26 de febrero, el presidente del Senado Diego Ávila había calificado la convocatoria como un “acto ocioso”, porque —según afirmó— no tendrá ningún efecto, ya que en agosto de 2023 un tribunal constitucional de La Paz suspendió las interpelaciones.
Medinaceli también debía presentarse días después ante la ALP para otra interpelación, esta vez por la calidad del combustible. Ambos procesos quedaron suspendidos sin fecha por decisión de Lara.
BD/JA
