El exministro, que cumple condena, dice que intentó resolver los más de 28 procesos judiciales iniciados en su contra, y afirma que todo se debe a que la justicia sigue en manos del MAS:
Brújula Digital|09|03|26|
El exministro de Gobierno Arturo Murillo envió una carta al presidente Rodrigo Paz en la que solicitó que se auditen sus procesos. En el documento se declaró perseguido político y denunció que el MAS impulsó una campaña de desprestigio en su contra.
“Me permito escribirle esta carta porque conozco de cerca que usted y su familia también fueron objeto de persecución política. Hoy me encuentro injustamente privado de libertad, cumpliendo seis meses de detención en el penal de San Pedro, sin justificación procesal alguna y bajo una evidente imposición de pena anticipada”, señala la carta.
Murillo afirma que, “en silencio”, intentó resolver los más de 28 procesos judiciales iniciados en su contra y que en cuatro de ellos debe cumplir detención. Todo esto, según sostiene, luego de que buscó volver al país convencido de que este se encaminaba a una segunda vuelta electoral, lo que consideraba una esperanza. “Mi sorpresa ha sido enorme. Después de seis meses detenido, acusado en procesos fabricados y forzados, nada se mueve. Es evidente que el Ministerio Público y gran parte del Órgano Judicial siguen en manos del MAS, bajo la misma metodología de la tortura judicial y la instrumentalización del proceso penal para sus propios fines”, agrega.
El exministro estuvo en Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas. Una vez cumplida esa pena, fue expulsado, llegó al país custodiado y fue detenido por varios de los procesos que se le sigue.
El caso central está relacionado con hechos ocurridos entre noviembre de 2019 y abril de 2020, cuando Murillo y su entonces jefe de gabinete, Sergio Méndez, recibieron 602.000 dólares en sobornos de empresarios estadounidenses. Los pagos ilegales facilitaron un contrato millonario para la venta de gases lacrimógenos y equipamiento antimotines al gobierno boliviano, con sobreprecios en beneficio de los implicados.
En la carta de cuatro hojas, Murillo expone los cuatro casos por los que se encuentra en la cárcel, entre ellos la denuncia penal impulsada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por presuntamente haber pedido la destitución de Ramiro Rivas Montealegre. El segundo es el caso “Gases Ecuador”, referido a otra compra irregular de gases lacrimógenos, por el que fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel. También figura el caso “Gases Brasil”, relacionado con la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019. El contrato ascendió a 5,6 millones de dólares a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, con un presunto sobreprecio de 2,3 millones, según ABI. A estos se suma el caso “Catering”, por el presunto daño económico al Estado de Bs 44 millones, ocasionado por dos contrataciones para el servicio de alimentación en operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta en las regiones del Chapare y los Yungas.
“La persecución llegó a tal extremo que se despojó de bienes a mi hermana y a mi sobrino, aun estando a su nombre. Se encarceló a personas inocentes, como mi excuñado, mi tramitador y mi escolta, a quienes se les causó un daño irreparable, solo por odio y venganza a Murillo. Incluso mis perros fueron tirados a la calle”, afirma en la carta y dice que todo esto fue manejado por el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo.
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