Desde el Tribunal Supremo Electoral se informó que también se atendió debidamente 20 acciones constitucionales.
Brújula Digital |02 |03 |26 |
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este lunes que, de cara a las elecciones subnacionales, ya se resolvió más de 1.000 recursos, entre apelaciones y recursos extraordinarios de revisión, la mayoría vinculados a la inhabilitación de candidaturas por incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.
La Dirección Jurídica del OEP atendió, de manera paralela, más de 20 acciones constitucionales promovidas por candidatos y organizaciones políticas; cinco de estos recursos estuvieron relacionados con postulaciones de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y sus alianzas, tras la pérdida de su personería jurídica por no haber alcanzado el 3 % de votación en las elecciones generales de 2025.
El TSE señaló, en un boletín oficial citado por ABI, que en todos los casos las resoluciones adoptadas fueron confirmadas por salas constitucionales y jueces de garantía, lo que –según la entidad– reafirma el principio de preclusión y las competencias del Órgano Electoral Plurinacional.
La institución también comunicó que completó las notificaciones pendientes en procesos ya definidos; las últimas correspondieron a un candidato a la gobernación de Tarija y a un aspirante a la alcaldía de Cochabamba.
Ante cuestionamientos de algunos postulantes inhabilitados, el ente electoral aseguró que sus actuaciones se enmarcan en la normativa vigente y buscan garantizar tanto los derechos políticos de los candidatos como los del electorado.
El secretario de Cámara del TSE Fernando Arteaga afirmó que “no existen privilegios de unos candidatos sobre otros” y explicó que, si bien las decisiones ya fueron asumidas, la formalización y notificación puede demorar debido a la carga jurisdiccional, aunque dentro de los plazos establecidos.
Finalmente, el TSE indicó que asumió la defensa institucional en todas las acciones constitucionales interpuestas, respetando el derecho de las partes a acudir a instancias judiciales superiores.
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