La civilización no se mide por la cantidad de leyes que produce, sino por la conciencia con la que decide aplicarlas.
Brújula Digital|28|02|26|
Nelly Salinas
El Derecho no nació en las universidades ni en los tribunales modernos. Nació cuando el ser humano dejó de vagar para sobrevivir y comenzó a asentarse, cultivar, intercambiar y convivir. La vida sedentaria trajo progreso, pero también conflictos. Y los conflictos exigieron reglas.
Hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, apareció la escritura en Mesopotamia en la ciudad de Uruk (actual Irak) y en el 1750 a.C. el Código de Hammurabi, en Babilonia, aunque antes ya existían leyes sumerias, sin embargo, este código fue el más completo y conservado, fue uno de los primeros intentos de fijar normas escritas para organizar la convivencia.
Aquellas leyes, talladas en piedra, podían parecer severas, pero representaban un avance fundamental: la justicia dejaba de depender exclusivamente del capricho del gobernante. La regla se hacía pública.
Desde entonces, la humanidad ha recorrido un largo camino. El Derecho evolucionó, se humanizó, incorporó principios como la proporcionalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso. Surgió el Estado de Derecho y, más adelante, el Estado Constitucional, que coloca la dignidad humana en el centro del sistema jurídico.
Hoy contamos con constituciones garantistas, tribunales constitucionales, mecanismos de control, auditorías, procesos administrativos y acciones de defensa. En teoría, nunca habíamos estado tan protegidos.
Pero la pregunta incómoda persiste: ¿hemos avanzado en conciencia al mismo ritmo que en técnica jurídica?
Los actos administrativos –esas decisiones que emiten las autoridades en ejercicio de sus funciones– no son meros papeles. Pueden afectar empleos, patrimonios, trayectorias profesionales y reputaciones construidas durante años. Un acto administrativo mal fundamentado no es un trámite: es una intervención directa en la vida de una persona.
Es legítimo que la sociedad exija investigación, fiscalización y rendición de cuentas. El control es parte esencial de una democracia. Nadie debe estar por encima de la ley. Pero tampoco todo puede resolverse con sospecha generalizada ni con la idea de que todos los casos son idénticos.
No toda irregularidad es corrupción.
No toda diferencia de criterio es delito.
No todo servidor público es culpable por definición.
El Derecho moderno se construyó precisamente para evitar arbitrariedades. La investigación y la sanción corresponden a autoridades competentes, con procedimientos claros y garantías. Cuando la norma se usa para presionar, desacreditar o anticipar condenas, se debilita aquello que se pretende defender: el Estado de Derecho.
Hemos pasado de las leyes esculpidas en piedra a sistemas digitales complejos. Hemos ampliado derechos y sofisticado procedimientos. Pero la evolución normativa no garantiza evolución ética.
La justicia no puede convertirse en espectáculo ni en herramienta de revancha política. Cuando la intención de dañar se disfraza de legalidad, el Derecho pierde su esencia y se convierte en arma.
Milenios después de Hammurabi, seguimos escribiendo normas para convivir. La diferencia es que hoy no las tallamos en piedra: las ejecutamos con decisiones administrativas que afectan vidas reales.
La verdadera pregunta no es si tenemos más leyes que antes.
La verdadera pregunta es si sabemos ejercer el poder sin usar la ley para destruir al otro.
Porque si la norma se convierte en instrumento de intimidación, habremos retrocedido miles de años, aunque nuestros códigos sean modernos y nuestras constituciones garantistas.
La civilización no se mide por la cantidad de leyes que produce, sino por la conciencia con la que decide aplicarlas.
Nelly Salinas es auditora y abogada.
