Los intereses de Chile fueron representados no por juristas foráneos como los convocados por Evo Morales, sino por profesionales idóneos de larga trayectoria en su Cancillería.
Brújula Digital|27|02|26|
Roberto Finot
“Por la razón o la fuerza”: lema oficial inscrito en el Escudo de Armas de la República de Chile, fue la norma que prevaleció en el Siglo XIX y, también, la que le sirvió a Estados Unidos consolidar su hegemonía y dominio en Norteamérica, tomando posesión, impune, de más del 50 % de los territorios con los que México nació a la vida independiente.
Con idéntica forma de proceder y similares objetivos y argumentos, Chile tomó posesión de los territorios que se tenían identificados como guananeros de Bolivia a fines del Siglo XIX y en los cuales, pocos años más tarde, se identificaron también las cuantiosas riquezas del cobre, las mismas que hasta la fecha no dejan de brindar el mayor sustento a la economía chilena.
Y por si todo eso fuese poco, en el seno de esos ricos territorios, actualmente se ha emprendido la explotación de las relevantes riquezas del litio, en cuya atención de su creciente demanda Chile ha asumido un rol preponderante. Indiscutiblemente, Chile mantiene una cuantiosa deuda ética y moral con Bolivia, la misma que además está presente y es reconocida por sectores muy amplios y relevantes de la sociedad chilena.
Ésa es una de las páginas de nuestra historia que no podemos olvidar, así como también se requiere tener muy presente la coherencia y persistencia con la que se mantuvo la demanda de reintegración al océano Pacífico hasta el abrupto y torpe cambio de rumbo que se adoptó bajo la tutela de Evo Morales y de sus insignes y nefastos “colaboradores”, como Álvaro García Linera y Héctor Arce Zaconeta, ya que el rol desempeñado por su nominal Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca fue marginal e irrelevante, como lo fue toda su larga trayectoria a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, irrelevancia de la que también dejó testimonio en su similar intrascendente desempeño como vicepresidente.
Los hitos más relevantes sobre la persistencia mantenida por décadas en función del irrenunciable objetivo de nuestra reintegración marítima se encuentran impecablemente descritos en las lecciones inscritas en la importante obra biográfica que Gustavo Fernández ha tenido a bien poner a disposición de todos los bolivianos.
Ésta obra se constituye en un testimonio invalorable de referencia y consulta para todo aquel que sea convocado a desempeñar cualquier función en el servicio exterior bolivariano: es, por la fuerza de la razón, que no se supo sostener en La Haya, en la que se sustenta la irrenunciable demanda de reintegración marítima boliviana.
El indudable fracaso colectivo que el país afrontó con su demanda a Chile ante La Haya, se constituye en la página más nociva en la historia de nuestras relaciones con Chile.
El fracaso ante La Haya adquiere características de “colectivo” porque en el mismo se vieron directa o indirectamente comprometidas, por parte de Bolivia, diferentes personalidades vinculadas al acontecer contemporáneo del país, como los efímeros, pero destacados expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.
En ese mismo sentido, el fracaso en el tratamiento del tema del mar en La Haya compromete también, y muy específicamente, a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien expresamente renunció a mantener el curso de las negociaciones emprendidas por su antecesor, Ricardo Lagos, quien durante su gestión entre los años 2000 a 2006 mantuvo un persistente diálogo sobre el tema del mar con los seis interlocutores que tuvo en el ejercicio de la presidencia de Bolivia.
Bachelet cambió drásticamente el rumbo y en la misma fecha en que, a los pocos meses de iniciada su gestión de gobierno, los viceministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile aprobaron la denominada Agenda de los 13 puntos, con la inclusión expresa del tema marítimo como punto 7 de la misma.
Tanto la Presidenta Bachelet como su ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, desestimaron terminantemente el alcance explícito e implícito asignado al tratamiento de ese medular tema sin que tales declaraciones hubiesen llegado a generar ninguna respuesta o réplica de alguna autoridad boliviana, pero sobre las cuales tanto Bachelet como Foxley actuaron en consecuencia y frustraron todo cuanto se había alcanzado a delinear en los indicados seis años precedentes.
En la coyuntura actual que afrontamos, de encontrar la forma de revertir las consecuencias del fracaso de La Haya y de reemprender el camino hacia la recuperación de nuestro irrenunciable acceso soberano al océano Pacífico, los valiosos detalles y hasta pormenores inscritos en la obra de Gustavo Fernández se deben tener muy presentes: se constituyen en un invaluable testimonio de todo cuanto se puede y debe hacer respecto a nuestro irrenunciable objetivo de reintegración marítima.
Sin el menor ánimo de pecar de atrevido o impertinente, la única duda que me queda es la evaluación que Fernández, destacado exministro de Relaciones Exteriores y excónsul General en Chile, podría brindarnos sobre la frustrada experiencia afrontada en La Haya. Si algún resultado se pretendía alcanzar en ese foro la persona más idónea e indicada para representar los intereses del país en el mismo era Fernández.
Los intereses de Chile fueron representados no por juristas foráneos como los convocados por Evo Morales, sino por profesionales idóneos de larga trayectoria en su Cancillería, bajo la conducción de quien se desempeña actualmente como su ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, a quien le correspondió también suscribir, en representación de Chile, la Agenda de los 13 Puntos ratificada en La Paz el 18 de julio de 2006.
Roberto Emilio Finot es analista político y diplomático; fue cónsul general de Bolivia en Chile.
